Dando por hecho el batacazo económico, al gobernador le preocupa el medio plazo cuando haya que reducir el déficit y amortizar deuda. El aumento del gasto sanitario, la renta mínima vital, la revalorización de las pensiones según el índice de precios al consumo, el incremento de los intereses, etcétera, elevará el déficit en un 5%. Ve inevitable una década de privaciones, pagando más impuestos y recortando gasto. A partir de 2022, habrá que hacer un ajuste de 6.000 millones al año.

El panorama expuesto por Hernández de Cos no constituye una sorpresa, aunque da miedo pensar en algunos de los indicadores citados. Como solución propuso un pacto político entre los partidos que dure varias legislaturas. En este punto es donde más cuesta asentir; la propuesta es pura política ficción en nuestro país. En España, los pactos de varias legislaturas no se contemplan y, menos, cuando está por medio el reparto de la escasez, por no decir abiertamente la pobreza. Habría que jubilar a casi todos los dirigentes políticos para que se abra paso la vía del consenso sobre un programa de sacrificios. A día de hoy la consigna es que «nadie se va a quedar atrás», cayendo el PIB el 10% y elevándose la deuda al 120%. Si no hay un milagro, se quedará más gente atrás que nunca. Durante los últimos seis años de crecimiento no fuimos capaces de rebajar la deuda, cómo lo vamos hacer ahora, con dura recesión, incremento de subvenciones, elevación de intereses, pérdida de empleo, etcétera. De todas las generaciones de dirigentes políticos que tuvimos la actual es la menos preparada para hacer frente a una coyuntura como la presente. Recordemos que el actual Gobierno se presentó con un programa de ricos: ampliar el bienestar social hasta constituir una referencia en Europa. Y toca lo contrario.