Para que no brotasen las suspicacias, Adrián Barbón anticipó que no se va a modificar las plantillas de los entes, organismos autónomos, empresas y fundaciones que componen el sector público ni se van a rebajar los sueldos. En las dos leyes anteriores, durante los mandatos de Javier Fernández, tampoco se redujo el personal ni se bajaron los sueldos. También hay que decir que esas dos leyes no sirvieron para nada, porque bajo la etiqueta de racionalizar el sector sólo se realizaron fusiones que no produjeron ningún ahorro económico ni aportaron más flexibilidad para gestionarlo. Somos la comunidad autónoma que tiene un sector público más parecido al que había antes de la crisis económica de 2008. Asturias perdió un 10% de riqueza en esa crisis, pero mantuvo algunos entes inútiles por miedo a las quejas y protestas de plantillas y allegados. Sólo en el sector público se corre el riesgo de crear una crisis política por reducir personal. La ley de 2013 prometía vender Sedes y liquidar Gispasa, pero al final quedó en nada. El Gobierno de entonces, en vez de avergonzarse, sacó pecho al afirmar que para ellos la racionalización del sector consistía en fortalecerlo y no en reducirlo.

Por muchas ayudas que lleguen del Gobierno de Pedro Sánchez la reducción del sector público es una operación obligada. Tenía un tamaño excesivo para las posibilidades del Principado, pero ahora, con la caída de recursos fiscales, será un lujo demasiado caro. Es una cuestión de dinero, no de ideología. Da igual la tendencia del Gobierno. No es de recibo que los asturianos paguemos impuestos, fundamentalmente, para sostener la Administración.