Otra variable que se va a utilizar para repartir los recursos es el número de test PCR que se hicieron en cada comunidad autónoma. La posición previa del Gobierno consistía en contabilizar los PCR que dieron positivo; Asturias demandó que se anotaron todos, con independencia de que el resultado fuera positivo o negativo. Era tan obvia la reclamación que fue satisfecha. A la hora de compensar importa el gasto total en test; es absurdo hacer distingos en función del número de personas infectadas que reveló la prueba. Hay comunidades autónomas que hicieron muy pocos test, y no es lógico que el Gobierno gratifique esa actitud pasiva financiando un coste que no existió.

El Gobierno va a transferir 2.000 millones a las regiones para reforzar la educación. El presidente asturiano declaró que esos recursos deben destinarse a reducir la brecha digital o a contratar más profesores. Dejando claro que lo primero es la salud, la cuestión de la educación es muy importante, aunque sus efectos no se noten en el corto plazo. El curso que viene toda la comunidad educativa tendrá que ponerse las pilas. La mayor parte de los alumnos llegarán a las aulas tras haber abandonado el curso anterior en el segundo trimestre y con seis meses de vacaciones. Si va a haber menos alumnos por aula harán falta más profesores. Si se prevé que la enseñanza presencial pueda ser interrumpida por un repunte de la pandemia, todos los alumnos deberán contar con dispositivos digitales para participar en las clases desde su casa. En resumen, más profesores y más ordenadores. Cualquier otra propuesta acabará en fracaso. Asturias no se puede permitir dos cursos fallidos.