La investigación fiscal sobre el hipotético cobro de comisiones en la construcción del AVE de Medina a La Meca (Arabia Saudita) pasa de la Fiscalía Anticorrupción a la del Tribunal Supremo. El traslado del expediente se debe a que en el posible cobro puede estar implicado el Rey emérito y por eso deberá sustanciarse en el Alto Tribunal. Sobre este asunto trabaja la Justicia suiza que ya ha interrogado a dos presuntos testaferros de don Juan Carlos de Borbón. El asunto saltó a las páginas de la prensa de la Confederación Helvética, donde se ha especulado abiertamente con el cobro de una comisión de cien millones de dólares ingresada por el rey saudí en la Fundación Lucum, cuyo único beneficiario sería el Rey emérito, por haber mediado en el contrato del AVE que fue adjudicado a un consorcio participado por doce empresas españolas. Desde esa entidad se haría, posteriormente, una transferencia de 65 millones de dólares a la señora Larsen, vinculada a don Juan Carlos.

Sería anormal que la Justicia de otros países investigara sobre posibles comisiones cobradas por el anterior Jefe del Estado y que la Fiscalía española mirara para otro lado. El asunto ha adquirido suficiente entidad pública para que la Justicia española dilucide si hay o no materia penal tras los contratos del llamado «AVE del desierto». Como ocurre siempre, jueces y fiscales se mueven por hechos o indicios constatables, no por especulaciones. La Justicia española ha reclamado a la suiza las pretendidas cuentas ocultas del emérito en el país Helvético y todavía no hubo respuesta. Hace unos cuantos años, Suiza no entregaba nunca esa información que está en la base de su riqueza. Es un país refugio del dinero ‘B’ por la opacidad de los depósitos bancarios. En la actualidad, las cosas han cambiado, pero no es lo mismo que solicitar esa información a un país de la Unión Europea. Sin esos datos va a ser difícil que progrese la investigación judicial.También hay que tener en cuenta que hasta su abdicación en 2014, don Juan Carlos era inviolable y no estaba sujeto a responsabilidad política, como señala el artículo 56 de la Constitución.