Algo oculto tiene que haber en torno a la información que poseía el Gobierno en las vísperas del 8-M para que se emplee con tanta energía la Abogacía del Estado en desbaratar la investigación judicial. En el debate sobre la última prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez afirmó que la crítica a la manifestación del 8-M es un ataque al feminismo; coronó con un ¡viva el 8-M! su explicación. Es curioso que el propio presidente del Gobierno se pierda por las ramas, cuando pocas personas como él pudieron comprobar del peligro que representaba esa movilización, ya que su esposa enfermó a los pocos días de participar en la marcha. Lo mismo le sucedió a más de una “miembra” de su Gobierno, como decía la inolvidable Bibiana Aído, ministra de Igualdad con Zapatero, antecesora de Irene Montero, también contagiada por el populacho el octavo día de marzo. De no haber nada oculto, no se entiende tanta beligerancia con el trabajo de la jueza.

En paralelo a esa disputa, el Gobierno y el PP polemizan sobre el papel de la Fiscal General del Estado en la investigación sobre las supuestas comisiones cobradas por el Rey emérito en la adjudicación de los contratos del AVE de Medina a La Meca. Es cierto que la Audiencia Nacional estudió el asunto y optó por el sobreseimiento al haber prescrito cualquier delito fiscal y no encontrar indicios delictivos, pero también es verdad que en los dos últimos años aparecieron más datos. En cualquier caso, la gran ofensiva sobre este asunto la acaba de plantear la oposición en el Parlamento pidiendo una comisión de investigación.