En el Congreso de los Diputados, ningún diputado votó en contra del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Todos los partidos lo apoyaron menos el grupo de Santiago Abascal, que se abstuvo. María Ruiz (Vox) dijo que no se opondrían porque el IMV lo necesitan los españoles, pero tampoco votarían a favor por ser la medida estrella de Pablo Iglesias. Las iniciativas legislativas tienen trascendencia por sí mismas, con independencia de quien las impulse. Carece de sentido valorarlas pertrechados de argumentos ‘ad hominem’. En el PP advirtieron de que la «renta básica para proteger a los más vulnerables es un invento del PP». Según ellos las comunidades que antes las implantaron fueron Galicia y Castilla y León. Cada partido es libre de buscarse las excusas que considere pertinentes para aprobar una norma, pero la historia no se puede retorcer. Fue en Vitoria donde se implantó la primera renta social o salario social que hubo en España, por iniciativa de un alcalde del PNV llamado Ángel Cuerda. Un gran alcalde, con sensibilidad social y capacidad para representar a toda la ciudad, al margen de ideologías. Ganó cinco elecciones seguidas, veinte años al frente de la Alcaldía; fue pionero en muchos campos (medio ambiente, derechos civiles), también en combatir la pobreza. En 1989 se puso en marcha la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco. En aquella época en Galicia y Castilla y León todavía no se hablaba de estas cosas. Ni en ninguna otra comunidad autónoma.
El proyecto impulsado por Pablo Iglesias llega cuando hay bastantes rentas sociales aprobadas en el país. En Asturias, por ejemplo, desde hace quince años. Incluso hay ciudades, como Gijón, que tienen también su propio salario básico. Es evidente que hay que racionalizar y fusionar esas medidas. No se pueden duplicar o triplicar las mismas prestaciones para las mismas personas. En política social es más fácil reunir dinero que acertar con el destino de ese dinero. Se pueden tener muy buenos sentimientos y despilfarrar los recursos. En Finlandia hicieron un ensayo de salario social en un territorio pequeño con una población limitada. Analizaron el resultado y descartaron la medida para todo el país.
La propuesta de Unidas Podemos plantea dos problemas. Si no va acompañada de otras iniciativas correctoras, el IMV va a desincentivar el trabajo. Nadie trabaja ocho horas por 950 euros (salario mínimo) si puede cobrar más sin hacer nada. Y va a estar financiado por la Seguridad Social: increíble.