Carmen Rodríguez Medel, la jueza que instruye la causa del 8-M, ha procedido a archivar las diligencias al no encontrar pruebas para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, única persona que se investigaba en la causa por un posible delito de prevaricación administrativa. La jueza afirma que el delegado no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que suponía para la salud la celebración de la manifestación feminista, y que ninguna autoridad, entidad o personas le instó a que la prohibiera. Rodríguez Medel ha mostrado su imparcialidad que se había puesto en cuestión por los defensores de las tesis del Gobierno. Por algún motivo desconocido, el Ejecutivo se movilizó para detener la investigación y tomó medidas expeditivas, como cesar el coronel Pérez de los Cobos por no informar de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en el marco de sus actuaciones como Policía Judicial a las órdenes de Rodríguez Medel. La gestión de la pandemia va a dar mucho trabajo a los tribunales; el tiempo nos mostrará si otros responsables gubernativos que tomaron decisiones, o se inhibieron de tomarlas, quedan libres de cargos. Mientras la actividad judicial se destensa, el Gobierno se reúne con Ciudadanos para tratar sobre las posibles alternativas al estado de alarma en el caso de que haya un repunte de la pandemia, y sobre la comisión que evaluará las actuaciones realizadas ante el coronavirus.