LAS RESIDENCIAS
De los aspectos relacionados con la pandemia en España, el elemento más crítico es el trágico balance que registran las residencias de ancianos. Con los datos oficiales del pasado viernes, de los 27.136 decesos habidos en nuestro país, 19.481 se produjeron en residencias (públicas, concertadas y privadas). El 71,7% de los españoles que murieron a causa del virus estaban alojados en establecimientos para mayores.
Esta dolorosa realidad ha generado un debate político enconado, centrado en la Comunidad de Madrid, muchas demandas judiciales en todo el país y la idea extendida entre la clase política de que en el fondo subyace un problema de modelo de residencia. Vayamos por partes.
Más de la mitad de los fallecimientos registrados en los geriátricos corresponden a la Comunidad de Madrid y a Cataluña. Si a ellos sumamos las muertes habidas en Castilla-La Mancha y Castilla y León, nos encontramos con que tres cuartas partes del total de los decesos ocurridos fueron en esas cuatro comunidades.
Ha habido muchas denuncias sobre la falta de atención a los usuarios que han derivado en investigaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado tiene abiertas 200 diligencias civiles.
Madrid
En paralelo a estas iniciativas, los grupos que están en la oposición en la Comunidad de Madrid (gobiernan en España) han hecho de la gestión en las residencias el principal caballo de batalla. En una primera fase, el foco lo pusieron sobre algunos establecimientos donde se habían dado situaciones dantescas, pero en la actualidad han centrado la crítica donde más duele: la negativa de los responsables políticos de la comunidad a trasladar a ancianos (según el grado de dependencia, estado de salud o edad) a los hospitales.
Se trata de una cuestión muy delicada, donde los políticos no deben entrar en concreciones, dejando que sean los médicos los que decidan sobre hospitalizaciones, internamiento en UCI, etcétera. Si hubo órdenes que transgredieron las leyes, la Justicia decidirá.
En cualquier caso conviene precisar que el triaje se convierte en un problema muy grave cuando los servicios sanitarios colapsan. La propia decisión del estado de alarma, que llevó aparejado el confinamiento, se tomó fundamentalmente para evitar el desbordamiento de los servicios hospitalarios.
En la Comunidad de Madrid, aunque la Consejería de Salud se hubiera abstenido dejando en manos de los hospitales el cribado de enfermos se habrían creado situaciones muy duras para todos: enfermos, familiares y el propio personal sanitario. Cuando hay más enfermos graves que respiradores ninguna opción es satisfactoria.
Si dejamos a un lado el debate político que tiene como objetivo romper la alianza entre el PP y Ciudadanos y bajar del pedestal a Díaz Ayuso, poniendo en su lugar a Gabilondo, comprobaremos que las cifras de fallecidos no permiten manipulaciones. Veamos algunos datos.
En Aragón, el 91,7% de los fallecidos en la región vivían en residencias; en Navarra, 88%; Extremadura, 84%; Castilla-La Mancha, 84%; Castilla y León, 74,5%; Cataluña, 73%. En Madrid, 68,7%. Con esos porcentajes se puede deducir que en seis regiones (entre ellas Cataluña) la salud de los ancianos hospedados en residencias fue más problemática que en Madrid. Por cierto, en Asturias fue el 66,1%. No es el mejor porcentaje de España, pero como en todos los ratios sanitarios relacionados con esta crisis tuvimos mejor comportamiento que la media.
Modelo
La clase política y buena parte de la ciudadanía piensa que hay que cambiar el modelo de residencias. Hace unos días, una destacada política asturiana me decía que había que reconsiderar todo lo que tiene que ver con los cuidados de mayores.
Primera reflexión: la sociedad no va a volver al modelo de familia cohesionada, con hijos y nietos cuidando diariamente de los mayores, conviviendo en la misma casa, etcétera. La familia nuclear no asume esa responsabilidad. Si hay una Ley de Dependencia fue por esa razón.
De la actual crisis, Unidas Podemos ha extraído un nuevo dogma: debemos centrar todos nuestros recursos en reforzar lo público. En materia de geriátricos, han sufrido tantos problemas los públicos como los privados. O más. El modelo de macrocentros, propio del área pública, en las epidemias solo sirve para provocar «macrodesastres». La idea de que la tragedia de las residencias españolas se evita integrando todos los centros en el sector público es rotundamente falsa. Solo servirá para hacer largas colas a la espera de plaza, con un atajo para los enchufados.
Medicalizar
La clase política piensa en un cambio de modelo con las residencias medicalizadas. La propuesta parece bien encaminada pero es muy costosa para tiempos de vacas flacas. Las residencias son ya hoy día caras para los usuarios, y cuando están en el sector público son caras para los contribuyentes. Siempre paga alguien. Aquí tenemos el ejemplo con las famosas facturas de los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) –un escándalo sobre el que no hubo ni atisbo de autocrítica–, que recayeron en los herederos de los usuarios y ante la imposibilidad de pagarlas renunciaron a las herencias.
No es preciso encarecer el modelo, basta con que la red de Centros de Atención Primaria asuma el control diario de la salud de los ancianos que residen en geriátricos. Es cuestión de firmar un protocolo que responda a la experiencia vivida esta primavera.