Los españoles que tienen una cierta edad recordarán la excitación que acompañaba a las crisis del Gobierno durante el franquismo. Todo eran rumores, especulaciones, cábalas sobre el sentido real de los cambios. Había que recurrir a la hermenéutica para descifrarlos, como en la URSS se necesitaba echar mano de la ‘Kremlinología’ para entender la sustitución de Krusckev por la troika (Brehnev, Kosygin, Podgorni). Había crisis de Gobierno porque unos ministros caían en desgracia y eran cesados provocando el relevo en las carteras ministeriales. En las democracias, las crisis de gobierno también van asociadas a ceses y nuevos nombramientos. Adrián Barbón mantiene a todos sus consejeros, no amplía ni recorta carteras, pero cambia la ubicación de algunas competencias. Las modificaciones que ha introducido constituyen una reorganización de funciones, un asunto un tanto abstruso que no da pie a jugosos cotilleos, aunque no quiere decir que no sea importante.
Reformar la administración autonómica es una tarea de enorme calado que ningún Gobierno ha llevado a cabo, aunque durante los mandatos de Javier Fernández se hicieron cambios cosméticos para presentar como nuevo lo que era muy viejo. La administración del Principado siguió siendo cara, lenta, obesa y fuente de deudas. El sentido de la reestructuración no es otro que poner al día una maquinaria que crea más problemas que soluciones. Por esa razón la Función Pública va estar bajo la jerarquía de Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno.
El pasado domingo, Adrián Barbón dejó algunas pistas de los objetivos que pretende con la reforma, al relacionar la actualización de la administración con «agilidad, eficacia, productividad y sostenibilidad». Desde el estallido del ‘caso Renedo’, miembros de distintos gobiernos lamentaron que la gestión administrativa se hubiera hecho más lenta. Permisos, licencias o estudios duran una eternidad. Hay sectores empresariales que consideran prioritario conseguir que el Principado responda más rápido a sus peticiones porque «todo está parado». Este es un objetivo importante, pero no es el único. La administración asturiana es muy cara para el contribuyente. En la actualidad, con una sociedad menguante, por razones demográficas, y una economía productiva en declive tenemos más administración que región. En cualquier campo cuando la carestía se prolonga la actividad se convierte en insostenible. Este es un problema inaplazable.