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Juan Neira

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El objetivo de reformar la Administración, señalado por Adrián Barbón y encargado al vicepresidente Juan Cofiño, ha sido mejor recibido por la patronal que por los sindicatos; la mayoría de los grupos de oposición han evitado entrar en materia, refugiándose en comentarios anecdóticos. La reforma es un guante que viene bien a todas las manos, mientras no se entre en concreciones. Se pueden hacer cambios para hacer aún más rígida la función pública y más tortuosos los procedimientos administrativos, o acometer modificaciones para hacer más flexible la estructura y simplificar los trámites. La reforma puede consolidar privilegios o beneficiar a la sociedad.

El presidente del Principado comentó que la reforma es la mejor garantía para que los funcionarios no pierdan derechos. El puesto de trabajo en el sector público es mucho más sólido que en el privado, hasta tal punto de que una parte de los trabajadores se pasa toda la vida en el mismo sitio. Es más estable ahora que en tiempos de Galdós, cuando había la figura de la cesantía para el funcionario. En consonancia con la estabilidad, el funcionario goza de más derechos. Por ejemplo, trabaja 35 horas a la semana y los demás asturianos sufragamos los 105 millones de euros que supone la extensión de ese beneficio para los más de 36.000 trabajadores del sector. Ahora bien, justo es reconocer que hay funcionarios interinos que trabajan hoy en Ribadesella y mañana en Cangas de Narcea; están a lo que les manden de un día para otro. Imagino que a ellos se refería Adrián Barbón cuando hablaba de mejorar lo que hay.

La reforma no estaba en el programa del gobierno y es fruto de la situación creada por la pandemia. Todos entendemos que debe haber más sanitarios y que la Consejería de Educación tendrá que contratar a más profesores para que las clases sean de grupos más reducidos con suficiente espacio de separación entre los alumnos. El mismo realismo que demanda ampliar determinadas plantillas exige reducir en otras áreas del Principado. Una sociedad castigada por el paro no puede permitirse el lujo de mantener una Administración de mayor tamaño que la actual. Al Gobierno le toca decidir dónde poner y dónde quitar. Mariano Rajoy recortó por el método silencioso de no sustituir al 90% de los empleados que se jubilaban. Una medida indiscriminada que hizo daño en sectores sensibles como la sanidad. Lo más razonable es proceder a una valoración de toda la función pública y suprimir o reducir lo prescindible.

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por JUAN NEIRA

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