Los grupos de la oposición tienden la mano al presidente Barbón para pactar la reforma de la Administración. Negarse a participar en un proceso de diálogo sobre una cuestión que no tiene un destacado perfil ideológico sería un sinsentido. Ante el electorado es más rentable decir que se quiere negociar que lo contrario, de ahí que todos quieran participar.
Hay asuntos que requieren de un apoyo de la oposición por encima de la aritmética parlamentaria exigida para sacar adelante las iniciativas en la Cámara. Estos días tuvimos varios ejemplos, como la prórroga de los ERTE o la prórroga de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. En ambos casos era obligada la negociación con las organizaciones sindicales y empresariales, y deseable el concurso de la derecha parlamentaria. El decreto de la nueva normalidad, que versa sobre las pautas que deben regir la vida cotidiana de los españoles durante los próximos meses, también requería de una amplia entente porque la sociedad plural no se identifica con una limitada mayoría de escaños. Sin embargo, no creo que sea imprescindible un pacto para reformar la Administración del Principado.
En 2013, cuando el Gobierno de Javier Fernández se planteó racionalizar la Administración contó con el apoyo de IU y el diputado de UPyD; la oposición de derechas presentó enmiendas la totalidad. Las 14 enmiendas parciales defendidas por el PP fueron rechazadas. IU y UPyD solo lograron que el Gobierno renunciara a vender el Hotel de la Reconquista. Con ese escaso bagaje votaron a favor del plan del Gobierno. El intento reformador quedó en nada, porque no había voluntad de cambiar la Administración sino de maquillarla. La oposición no tuvo protagonismo real en el intento, ni para bien ni para mal. Dudo mucho que los grupos parlamentarios tengan ahora una sincera voluntad de reformar la maquinaria burocrática y asistencial que gestionan. Hace poco más de un año, todos votaron a favor de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. La medida, sin parangón en el mercado de trabajo asturiano, nos cuesta a los ciudadanos 105 millones de euros al año, y ha contribuido a elevar el coste salarial anual medio del trabajador del Principado por encima de los 49.000 euros. Que la Administración resulte cara al ciudadano no les afecta. Los diputados de todo el arco parlamentario nunca se han atrevido a hablar sobre el asunto. Una curiosa manera de representar los intereses generales de la región.