La portavoz del PP contestó a las preguntas del magistrado instructor, del fiscal y del letrado que lleva su defensa, pero no de la acusación particular, Observatorio Ciudadano Anticorrupción en Asturias (OCAN). Mallada presentó dos argumentos para justificar la rectitud de su intención cuando votó a favor de la cesión del terreno: contaba con asesoramiento técnico (servicios jurídicos del PP) que indicaba la legalidad de la cesión, y la importancia del equipamiento para el concejo de Aller que en la actualidad presta servicio a 160 ancianos y ha permitido la creación de cerca de un centenar de empleos estables. La Fiscalía y la acusación de OCAN mantienen, por su parte, el carácter ilegal de la decisión plenaria al contradecir los informes vinculantes de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Intervención.

El hecho de que José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo estén detrás de todo el accidentado recorrido del macrogeriátrico pone bajo sospecha cualquier decisión tomada sobre el equipamiento. No obstante, dejando a un lado las cábalas que cualquiera pueda hacer, lo cierto es que el único elemento de peso a dilucidar es el siguiente: si de la toma de decisiones del pleno del Ayuntamiento, contrarias a informes municipales, se deriva automáticamente una conducta prevaricadora. En caso de que así sea, el resto de argumentos pueden tener un valor atenuante, pero si no cabe hablar de prevaricación, el sobreseimiento es obligado. La transcendencia de este asunto proviene de la relación entre el Montepío y la caída del pedestal de José Ángel Fernández Villa, y de la relevancia política de Mallada.