En el pleno parlamentario dedicado a formular preguntas al presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió nuevamente a la reforma de la Administración autonómica que considera obligada por ser «un clamor de la ciudadanía». Probablemente sea un deseo ferviente del empresariado que se desespera ante la lentitud de la maquinaria burocrática que le hace perder oportunidades de negocio, tiempo y dinero, pero la población, en general, resulta más dudoso que tenga un buen conocimiento de la pesada losa que sufragamos con nuestros impuestos porque ningún partido está dispuesto a denunciar el elevado coste de mantener una estructura que ha crecido hasta en tiempos de crisis.

El presidente señaló que el Principado no puede aumentar la masa salarial en 103 millones de euros todos los años, en una clara alusión al crecimiento del conjunto de nóminas en el actual ejercicio, al tener que contratar a más personal para compensar la rebaja de la jornada laboral a 35 horas semanales. Si se gobierna con responsabilidad es evidente que no se pueden aprobar esos incrementos, porque quedan incorporados a la masa salarial, así que los 103 millones que aprobó Javier Fernández en el último año del mandato se pagarán en todos y cada uno de los ejercicios del presente y del futuro, lastrando las posibilidades de invertir y atender necesidades sociales. La experiencia enseña que la masa salarial creció por encima del PIB en la etapa autonómica con el apoyo de todo el arco parlamentario. ¿Estamos ante un punto de inflexión? El tiempo lo dirá.