La nueva Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial contará con una Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio. Una medida lógica y obligada. Me explico. El nombre de la citada consejería sigue la moda de las denominaciones político-administrativas de los últimos años, donde las referencias directas y descriptivas han perdido prestigio en favor del estilo indirecto, ambiguo y, a veces, hasta literario. Si no se explicita su contenido la Cohesión Territorial no pasa de ser un nombre atractivo, válido para establecer un sistema de financiación municipal. No es el caso. La Cohesión Territorial tiene que ver, en el Gobierno de Adrián Barbón, con las carreteras, la ordenación del territorio (directrices, subdirectrices, etcétera) y los sistemas de transporte y flujos de desplazamiento en la región. Antes, cuando se optaba por los nombres directos y descriptivos, el departamento tendría un rótulo que rezaría así: Consejería de Medio Rural e Infraestructuras. De esta forma sabríamos que Alejandro Calvo, consejero de la cosa, tiene que gestionar dos asuntos completamente distintos, ya que una cosa es el entorno rural, y otra las carreteras, área central, etcétera. Por eso es lógico y obligado que se cree una viceconsejería para atender a la segunda de las dos problemáticas. Es probable que algún grupo de la oposición diga que la decisión comporta mayor gasto, pero lo que sería imperdonable es tener unos resultados mediocres por no haberse dotado de una acertada estructura de gestión. Imperdonable y caro.
Dentro de los nuevos cometidos, inherentes a la reorganización del Gobierno, el vicepresidente, Juan Cofiño, estará al frente de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos. En la comisión estarán los consejeros de Hacienda, Industria, Empleo y Promoción Económica, y Ciencia, Innovación y Universidad.
Esta comisión estudiará las medidas a tomar en el curso de la pandemia. El presupuesto ha quedado desfasado y habrá que improvisar respuestas a los retos de la cambiante coyuntura. En estos momentos el mayor error que podría cometer cualquier gobierno es dejarse llevar por la inercia. Dentro de los cambios, la empresa pública Sedes encontrará cobijo bajo el paraguas Derechos Sociales y Bienestar. En 2014 el Principado quiso venderla, pero se quedó con ella. No consta su relación de puestos de trabajo ni sus retribuciones anuales. Lo llamaban reforma del sector público.