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Juan Neira

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SIN SOPORTE JURÍDICO

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que siga abierto el procedimiento judicial contra los concejales que formaban parte de la Corporación municipal de Aller en el año 2008, cuando el pleno municipal, por unanimidad, votó a favor de la cesión gratuita de un terreno al Montepío de la Minería para que construyera el macrogeriátrico de Felechosa. Los ediles están siendo investigados por prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística. El sumario ha llegado al TSJA porque Teresa Mallada, entonces miembro de la Corporación, es ahora portavoz del PP en la Junta General del Principado. Al estar aforada la acusación contra los ediles se sustancia en el TSJA, constituyendo una pieza separada del ‘caso Hulla’ que investiga la utilización de los fondos mineros.

Un asunto que adquirió especial relevancia cuando se supo que el secretario general del Soma, José Ángel Fernández Villa, y su lugarteniente, José Antonio Postigo, se habían acogido a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro para legalizar 1,2 millones de euros, en el caso de Villa, y 436.000 euros, en el de Postigo. La Fiscalía considera que la conducta de Mallada fue «indiciariamente arbitraria y carece de justificación jurídica». Esta misma semana la dirigente popular explicó ante el juez que votó a favor de la cesión por el beneficio que suponía el macrogeriátrico para la gente.

En cuanto a la licitud de la operación, señaló que contaba con un informe jurídico externo a la institución municipal (al parecer ese informe fue emitido por el propio Montepío de la Minería), y con el dictamen de un catedrático.La actuación municipal está en vía judicial porque los concejales hicieron caso omiso de los informes preceptivos del secretario municipal y de la Intervención que consideraban no conforme a Derecho la cesión del terreno.

El procedimiento seguido en el Ayuntamiento de Aller fue de brocha gorda: no se incoó un expediente administrativo ni se incorporaron los informes de los técnicos municipales. La Fiscalía considera que Mallada y el resto de ediles actuaron por oportunidad política, sin cobertura legal. No basta que los fines sean buenos; el respeto al procedimiento es obligado para convertir en legal cualquier decisión institucional. El juez dirá si una actuación del Ayuntamiento que orilla los informes preceptivos es prevaricadora o si en determinados supuestos cabe otra conclusión.

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por JUAN NEIRA

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