DISCULPAS PARA DISCREPAR
El pacto sobre el decreto de la nueva normalidad, alcanzado la pasada semana entre la izquierda y la derecha en el Congreso de los Diputados, no se ha extendido al dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, donde PSOE y PP no se han puesto de acuerdo. No obstante, se ha producido una entente parlamentaria entre el Gobierno y Ciudadanos que ha permitido aprobar el texto.
A finales de mes el pleno de la Cámara Baja tendrá la última palabra sobre la propuesta de Reconstrucción Social y Económica. Vox se ausentó de la comisión, pero estará presente en el pleno, así que el Gobierno debe ampliar el número de aliados para evitar el rechazo. ¿La entente entre la izquierda y la derecha sobre la nueva normalidad fue un espejismo? ¿Hemos vuelto otra vez a la estéril política de bloques?
Hechos
Los hechos no permiten contestar afirmativamente a ambos interrogantes. Para empezar, los grupos independentistas siguen alejados del Gobierno. Dicho de otra forma, no se ha vuelto a la fórmula del Gobierno Frankenstein, con un partido constitucionalista (PSOE) respaldado por grupos radicales o independentistas. Más de un tercio de los diputados que invistieron a Pedro Sánchez no aceptan el núcleo duro (la parte dogmática) de la Constitución.
ERC, socio preferente en la sesión de investidura, sigue alejado del Ejecutivo. Su papel lo ocupa Ciudadanos, partido que defiende inequívocamente la Constitución. La mayoría en la Comisión se logró por un pacto del Gobierno de coalición de izquierdas con un partido de centro. Es una mayoría coyuntural, ya que 52 diputados de derechas no estaban presentes, pero nada impide que se pueda ampliar la mayoría con partidos constitucionalistas. ¿Por qué hago esta afirmación?
De los discursos pronunciados en la tribuna se puede deducir que el PSOE y el PP están muy alejados, pero no deja de ser pura apariencia. Meses tirándose los trastos a la cabeza les impiden abandonar la retórica beligerante («intentan derrocar al Gobierno a través de la comisión de reconstrucción»). Cuando se comprueba la materia del disenso, la conclusión es otra. Veamos.
El dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica se divide en cuatro apartados. Dos versan sobre la sanidad y la política europea. En ambos el PP se ha abstenido. Una abstención táctica que no está basada en motivos ideológicos o políticos de fondo. Esa abstención se convertirá fácilmente en voto afirmativo si se superan las diferencias que hay en los otros dos apartados. La dirección parlamentaria del PP no quería votar en dos apartados a favor y en los otros dos en contra, por eso eligió la abstención en los temas sanitarios y europeos.
Las discrepancias están en las políticas sociales y en las recetas económicas. Son dos asuntos de peso, no cabe duda, pero la buena noticia es que en ambos el PSOE puede arbitrar fórmulas de acuerdo con el PP que faciliten el pacto sobre la Reconstrucción Social y Económica con los mismos actores que se produjo la entente en torno al decreto de la nueva normalidad.
Educación
La política social ha encallado en un asunto sorprendente: la educación concertada no tendrá acceso a los fondos extra para afrontar el curso escolar con las condiciones que exige la amenaza de la pandemia (clases virtuales, adaptación de aulas, contratación de profesorado, aumento de becas). En la enseñanza concertada estudian dos millones de escolares que no podrán disfrutar de las mejoras derivadas de las nuevas inversiones que tendrá la educación impartida por funcionarios. En el texto, el mismo Gobierno muestra el absurdo de la discriminación: «La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa». Es decir, el Ejecutivo reconoce implícitamente que la enseñanza concertada es una educación pública de gestión indirecta. Es decir, el pecado de la concertada es que el profesorado no es funcionario. Por esa increíble razón los alumnos de la red concertada quedan marginados.
Es evidente que ambas redes (pública de gestión directa y pública de gestión indirecta o concertada) son enteramente financiadas por la Administración Pública y están bajo la jerarquía de las consejerías de Educación. Sin embargo, cuando toca reconstruir social y económicamente la educación, el Gobierno se olvida de la segunda y priva a dos millones de alumnos de las mejoras.
Ricos
Sobre este particular, María Luisa Carcedo dijo: «Hay que seguir en la lucha contra la segregación y contra la pobreza». ¿Está segura la diputada socialista de que entre los dos millones de alumnos de la concertada no hay decenas de miles de ellos con los padres en paro? ¿Cree que todos los alumnos de la concertada cuentan con los medios adecuados para seguir la enseñanza por vía telemática?
Los colegios de los ricos –que los hay– no están atados a la Administración por ninguna fórmula de concierto, ni necesitan ayudas extra, aunque, todo hay que decirlo, contribuyen con el pago de impuestos a mantener los colegios públicos.
No hace falta añadir que Pedro Sánchez tiene en sus manos resolver este problema, porque la situación de emergencia en la que estamos instalados no admite caprichos o apriorismos ideológicos. Las discrepancias sobre las recetas económicas se centran en los impuestos. Imposible abordarlas en dos párrafos. Quedan para otro día. O para varios días.