El Gobierno español cuenta con que podremos disponer de 140.000 millones, casi una quinta parte de la cantidad presupuestada para la reconstrucción europea. Siendo importante el volumen de recursos asignados, Sánchez ha puesto especial énfasis en recibir el dinero sin nuevas condiciones. El presidente español aspira a que los recursos lleguen en forma de transferencias, no de créditos. Los países ricos (Suecia, Dinamarca, Holanda, Austria) desconfían de los sureños y quieren decidir sobre el destino del dinero y controlar cómo se gasta. Para eliminar suspicacias, Pedro Sánchez hizo una declaración que no corroboran los hechos: «España está comprometida con el plan de estabilidad presupuestario». Siempre fuimos el alumno europeo más perezoso en la tarea de reducir el déficit público. A trancas y barrancas fuimos rebajándolo hasta que llegó Pedro Sánchez y volvió a subir la ratio de déficit por PIB, por primera vez desde 2012, y eso que el PIB aumentó en 42.000 millones. Aquellos ‘viernes sociales’ con los que ganó las elecciones de 2019 fueron la causa del descontrol del déficit y, por tanto, de la deuda. No somos muy fiables.

Resulta chocante que Sánchez y Costa manifiesten su negativa a recibir dinero con condiciones. Veamos. Nadie pone dinero; los 27 socios aportan garantías para pedir 750.000 millones a crédito de forma mancomunada. El crédito se devuelve en treinta años. Es una operación que guarda semejanzas con la famosa mutualización de deuda, por la que tanto suspiraron los progresistas españoles durante años, empezando por Felipe González y terminando por cualquier concejal de pueblo. Es lógico que los países con un nivel más bajo de endeudamiento y mayor aportación al presupuesto europeo quieran controlar lo que hacen los gobiernos manirrotos. Vamos todos en el mismo barco y no basta con prometer lo que nunca se cumplió.