Para evitar estos asuntos escabrosos y justificar el ataque a periodistas (Vallés, Inda), Iglesias se puso las galas de estadista y rodeado de ministros socialistas, desde la Moncloa, expuso una doctrina que revoluciona la teoría política al colocar al poder mediático al lado del Ejecutivo y el Legislativo (el Judicial no lo citó). «La crítica al poder mediático es tan legítima como al poder político». El vicepresidente llamó a «naturalizar» (supongo que quería decir normalizar) la crítica a «todos los que tienen presencia pública». Es una pena que no detallara más su nuevo esquema de poderes, porque si la presencia pública es la piedra de toque para formar parte de los poderes hay que abrir un capítulo para futbolistas, toreros, tenores, cineastas, etcétera, que en cuestión de presencia o popularidad (medida de la presencia) están por delante de diputados y directores generales.

Llama la atención que un riguroso politólogo tenga una visión tan superficial y caprichosa de la estructuración del Estado y de la sociedad. Se esperaba de él una enmienda a Montesquieu, pero se ha limitado a dar cobertura teórica al ataque a periodistas. En una democracia sana a los medios de comunicación les corresponde criticar a los poderes del Estado y no al revés. Solo en las dictaduras, los presidentes, vicepresidentes y ministros señalan con el dedo a los periodistas críticos, los detienen, multan, vetan, etcétera. La Constitución no permite esas conductas, pero es evidente que desde el Gobierno –poder por antonomasia– se puede presionar a los periodistas, hacerles la vida imposible, restringir su libertad. En cuarenta y tres años de democracia, nunca un miembro cualificado del Gobierno había realizado unas declaraciones tan inquietantes para la libertad de prensa.