LA JUSTICIA FISCAL
Dentro de unos días se votará en el Congreso de los Diputados la propuesta realizada por la comisión de Reconstrucción Social y Económica. Los impuestos impidieron el consenso de los grupos parlamentarios; el Gobierno quiere hacer «justicia fiscal» y el centroderecha rechaza la idea.
El presidente del Gobierno ha anunciado una reforma fiscal y todos hemos entendido que va a subir los impuestos. Paradójicamente, cuando los presidentes deciden bajar los impuestos nunca hablan de reforma fiscal. Se utiliza el eufemismo como lenitivo ante la voracidad del Fisco y se apela al estilo directo cuando Hacienda se muestra generosa con el contribuyente.Como la cuestión fiscal pertenece al núcleo del debate ideológico, sería bueno objetivar algunos elementos ante la reforma que se avecina.
Vaya por delante que acepto como inevitable la subida generalizada de los principales impuestos, aunque no es eso lo que haya anunciado el Ejecutivo. Ningún Gobierno de España ha asumido una cantidad tan ingente de gasto público para mantener el empleo, reactivar los principales sectores de la economía y cubrir las prestaciones sociales, entre las que se encuentra el novedoso Ingreso Mínimo Vital.
Insolvencia
Todo ello en un momento en que ha caído la recaudación fiscal fruto del derrumbe económico. Para financiar el gasto comprometido no queda otro remedio que elevar los tributos o se entra en insolvencia. En una coyuntura menos desfavorable, Rajoy subió los impuestos en su segundo Consejo de Ministros.
En vez de partir de esta realidad y evaluar cuánto se necesita recaudar y qué volumen de gasto hay que recortar, el Gobierno saca a relucir la brecha fiscal que tenemos con la Unión Europea para justificar la subida de impuestos trayendo a colación la presión fiscal (ingresos públicos por PIB), que es un comodín en el discurso de los políticos. Resulta que la presión fiscal en España está casi siete puntos por debajo de la media europea, y la consigna es recaudar más para recortar la diferencia de 74.000 millones que nos separa de los socios europeos.
Para reducir la diferencia no sería necesario tocar los tributos, bastaría con tener más empleo. Subir los impuestos para igualar la presión fiscal europea me parece un objetivo absurdo, mejor empezábamos por homologarnos en empleos, sueldos y beneficios empresariales, y veríamos cómo sin tocar los tributos alcanzábamos su presión fiscal.
Robin Hood
Hay que subir los impuestos por la enorme factura que debemos pagar, sin necesidad de mirar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. El Gobierno apunta en una dirección incorrecta cuando apela a la presión fiscal y acaba por errar el tiro cuando el presidente señala que la reforma tiene como ideal la justicia fiscal que se logrará elevando los impuestos exclusivamente a los ricos. La reforma seguiría las pautas de un modelo mixto de exigencia europea y retórica tercermundista.
Si pretende Pedro Sánchez financiar el gasto público comprometido con el único apoyo de las rentas y patrimonios de los ricos va aviado. Con la filosofía de Robin Hood se podrán ganar elecciones, pero no se puede cuadrar el presupuesto. Se necesita que arrimen el hombro todos los españoles y la mayoría no son acaudalados, como lo prueba el hecho de que el sueldo que cobran más ciudadanos es de 17.482 euros brutos al año.
La idea del Gobierno de aumentar dos puntos el gravamen fiscal a los que ganan por encima de 130.000 euros y cuatro puntos a los que ganan más de 300.000 euros representaría una cantidad ridícula en comparación con los más de 70.000 millones que se recaudan por IRPF en España. Hace dos años, los técnicos de Hacienda valoraron en 400 millones lo que aportaría ese incremento en los tipos del IRPF para los 91.377 contribuyentes que ganan más de 150.000 euros.
El Gobierno baraja una reforma del Impuesto del Patrimonio que se elevaría en un 2% para los que tienen bienes por un valor superior al millón de euros, un 3% si el patrimonio excede los 50 millones, y el 3,5% si supera los 100 millones. Esta es la pretensión de Unidas Podemos.
En este caso el problema es doble. El Impuesto de Patrimonio únicamente lo tienen los países más ricos de Europa: Suiza, Noruega y Holanda. En los tres el tipo fiscal está en torno al 1%. En ese contexto a ver qué efecto tendría sobre la fuga de capitales la imposición española en las grandes fortunas. Mal asunto es que toda Europa se convierta en un paraíso fiscal para la riqueza española.
Fiasco
El segundo problema es el fracaso de la recaudación. En Madrid, el Impuesto de Patrimonio está bonificado al 100%, pero hay obligación de declararlo. En la capital de España está el domicilio fiscal de los más ricos de la nación. Pues bien, entre todos juntos no llegarían a pagar 1.000 millones de euros. Con la subida de los tipos y aumentado la cifra de contribuyentes nunca excedería de los 5.000 millones.
Si el Gobierno quiere hacer electoralismo con los impuestos hace bien en llevar adelante el discurso de que los ricos pagan por todos, pero luego tendrá que pensar qué medidas toma con los más de 19 millones de contribuyentes de IRPF y con el IVA para financiar el gasto público. Leído esta semana en los medios: si a todos los consumos se les aplica el tipo general del 21% en el IVA se cubriría la mitad del agujero presupuestario. Por algo decían que Hacienda somos todos.