La solución que se propone para movilizar los recursos municipales resulta de todo punto sorprendente. Los ayuntamientos prestan todo su remanente al Gobierno (15.000 millones de euros). A continuación, el Ministerio de Hacienda les entrega 5.000 millones en los dos próximos años, y la cantidad restante la devuelve en los siguientes diez años. En vez de reformar la norma y permitir que los alcaldes dinamicen la economía –que falta hace–, el Gobierno se hace con el dinero para financiarse y lo va devolviendo en cómodos plazos. Como políticamente la alternativa planteada por Montero no tiene un pase, lo que hace el Gobierno es recurrir a disculpas técnicas que resultan aún más hilarantes. Según el Ministerio de Hacienda, si los acaldes gastaran el remanente incurrirían en déficit. Pero vamos a ver, señores, si el remanente es la suma de los distintos superávit, desde cuándo gastar lo que sobra genera deuda. Hay que tener mucho valor para decirles a los propietarios que te presten sus 15.000 millones, que tú ya se lo irás devolviendo luego. Primero no les dejan mover el dinero de los bancos y, posteriormente, les obligan a ser prestamistas del Gobierno. ¿Por qué no le propone la ministra de Hacienda un negocio parecido a los gobiernos regionales que tienen las cuentas mucho más descompensadas que los ayuntamientos?

El abuso con los alcaldes se vuelve temor con los presidentes autonómicos. En la etapa del confinamiento anunció Pedro Sánchez una transferencia voluntaria de 16.000 millones a las regiones para hacer frente a los gastos de la pandemia. Entonces no sabíamos que iba a recibir 15.000 millones prestados de los consistorios. Igual lo llaman economía circular.