AYUNTAMIENTOS, PARIENTE POBRE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de llegar a un acuerdo con el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, sobre el remanente de tesorería de los ayuntamientos que convierte al Gobierno en gestor y principal beneficiario del ahorro de las corporaciones municipales.
Los alcaldes de los 8.131 ayuntamientos españoles querían utilizar los más de 15.000 millones de euros que tienen inmovilizados en los bancos desde el año 2012, pero Montero se valió de la sintonía ideológica con Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para firmar un pacto que deja a los alcaldes reducidos a la condición de menores de edad que no saben qué hacer con la paga semanal y aceptan que la administren los papás.
Chollo
El Gobierno se hace con los 15.000 millones en concepto de préstamo, les transfiere 5.000 en los dos próximos años a los ayuntamientos, y el resto lo devuelve en cómodos plazos que se prolongan hasta el año 2032. No consta que el préstamo genere intereses. El ahorro de los consistorios va a destinarse a financiar al Gobierno de España. ¿Patriotismo?
Los ayuntamientos siempre fueron el pariente pobre de las administraciones territoriales. El Gobierno tenía en sus manos los grandes impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, Impuestos Especiales) y solo a partir de 1993 – cuando Felipe González se quedó sin mayoría absoluta– empezó a repartir la recaudación con las comunidades autónomas. Con Aznar, los gobiernos regionales ganaron competencias normativas sobre los impuestos, y a partir de Zapatero se repartieron a partes iguales la recaudación de las principales figuras fiscales, con la excepción del Impuesto de Sociedades, que quedó íntegramente en manos del Estado (exceptúo al País Vasco y Navarra, territorios privilegiados por la primera disposición adicional de la Constitución, que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales») porque un catedrático de Hacienda de la Universidad de Oviedo convenció al secretario de Estado de turno que no debería repartirlo con las comunidades autónomas.
Agravio
Los ayuntamientos se limitaron durante décadas a quejarse y a reivindicar que querían gestionar más gasto público, porque solo pasaba por sus manos el 13% del conjunto de las administraciones. En este momento el Estado solo gestiona el 50% del gasto, así que es fácil deducir qué administración territorial prosperó en tiempos de crisis y de bonanza desde los años noventa del pasado siglo.
Las penalidades económicas de los consistorios fueron aún mayores porque gestionaron competencias que no les correspondían –las llamadas competencias impropias–, ya que eran de titularidad estatal o autonómica, sin recibir recursos para ello.
Soñaban con un sistema de financiación municipal, a imagen y semejanza del modelo de financiación autonómica, pero en la primavera de 2012 llegó Cristóbal Montoro y les ató las manos. Bruselas, al tener que aportar dinero para el rescate bancario –las cajas de ahorro de toda la vida–, dictó normas para las administraciones públicas: techo de gasto, niveles máximos de déficit y deuda.
El Gobierno aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera para impedir a los ayuntamientos gastar su superávit. Montoro creó el concepto de «gastos financieramente sostenibles» y si a los alcaldes les sobraba dinero solo podían dedicarlo a amortizar deudas, pagar a proveedores, o realizar inversiones sostenibles (para entendernos, las que no comportaban gastos de mantenimiento: ni piscinas ni parques ni farolas).
Camisa de fuerza
La Ley de Estabilidad Presupuestaria se convirtió en una camisa de fuerza para los ayuntamientos que vieron cómo el remanente se acumulaba en los bancos sin poder gastarlo. Llegó un momento en que el remanente de todos los ayuntamientos tenía el mismo volumen que el déficit de la Seguridad Social. Digo esto porque el remanente municipal les sirvió a los gobiernos de comodín para cuadrar las cuentas del Reino de España que mandan a Bruselas.
Desde el año 2012, los ayuntamientos, en conjunto, tuvieron superávit en todos los ejercicios. En los últimos ocho años procedieron a la mayor operación de saneamiento de cuentas públicas de la historia de España. Al acabar el pasado ejercicio, el 54% de los consistorios tenía ‘deuda cero’. Una cura de caballo que generó muchas situaciones curiosas. Dos ejemplos: el Ayuntamiento de Navia tiene 8 millones de presupuesto anual, 4,5 millones inmovilizados en el banco; el Ayuntamiento de Corvera presupuesta 14,5 millones, 7 millones en la caja de una entidad de crédito.
Mientras tanto, la Generalitat catalana tenía, a 31 de marzo, una deuda de 79.429 millones; la Generalitat valenciana debía 48.158 millones; la Junta de Andalucía, 35.244 millones. La deuda autonómica global roza los 300.000 millones. Las regiones tienen un modelo de financiación autonómica formal y otro informal, creado por Rajoy para que Artur Mas no se diera a la fuga al quedarse la Generalitat sin dinero para devolver los «bonos patrióticos» (4% de interés) a los catalanes.
De ahí el increíble Fondo de Liquidez Autonómica: barra libre para gastar sin necesidad de devolver el dinero. Las deudas de la Generalitat las asume el Reino de España ante Bruselas. Tras el pacto Montero-Caballero, Pedro Sánchez debe una explicación a los alcaldes. No es de recibo que las obligaciones institucionales estén repartidas de una forma tan asimétrica.