El presidente del Principado respalda inequívocamente la posición de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) sobre el uso del remanente municipal. Adrián Barbón dice que cree en la autonomía de los ayuntamientos y, por consiguiente, en el derecho a usar el remanente que está inmovilizado en los bancos. Barbón fue durante nueve años alcalde de Laviana y defendió durante sus mandatos la competencia de los consistorios para gestionar unos recursos que son fruto de una Administración saneada que les permitió tener superávit al final de cada ejercicio. Frente a la lógica se alza el acuerdo alcanzado entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un pacto del que saca un beneficio inexplicable el Gobierno central que recibe los 15.000 millones de euros acumulados en los bancos por los Ayuntamientos en calidad de préstamo, con la obligación de entregar en dos años una tercera parte (5.000 millones) a sus legítimos propietarios, y devolver el resto en cómodos plazos durante diez años. Un acuerdo que priva a los consistorios de unos recursos propios que les son muy necesarios, mientras caen otras fuentes de ingresos.
En vez de perderse en las triquiñuelas técnicas de la ministra y sus altos funcionarios, es preciso hacer una crítica política del acuerdo para tratar de que no se consume un pacto descompensado en favor de la parte más fuerte, el Ministerio de Hacienda. La declaración de Barbón respalda la posición que siempre defendieron los alcaldes asturianos sobre el uso del remanente y está en línea con su declarada fe municipalista.
El presidente del Principado volvió a recordar que la reforma de la Administración autonómica es una de las prioridades del mandato. Considera que tras cuarenta años de funcionamiento la ciudadanía exige cambios para hacerla más ágil y eficiente. La tarea es tan ardua que todos nos conformaríamos con que alcanzara uno solo de los fines. Bastaría con que fuera ágil a la hora de informar, decidir y gestionar para satisfacer al público, porque multitud de actuaciones privadas están paradas o progresan a cámara lenta por culpa de una Administración que es implacable con los plazos que atañen a los administrados, pero es muy indulgente con la parsimonia propia. No digo nada si lograra el presidente del Principado que fuera eficiente, porque entonces haría como mínimo lo mismo que ahora pero con un ahorro enorme de recursos.