Las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción fueron votadas en el Congreso de los Diputados con resultado desigual. Los capítulos de sanidad y política europea fueron aprobados por una amplia mayoría de la Cámara (más de 250 votos a favor), al ser respaldados por los dos principales grupos parlamentarios, PSOE y PP. En política social se produjo un rechazo al votar en contra los tres grupos de derechas y todos los nacionalistas, con la excepción de ERC, que votó a favor. El motivo de la discordia en política social fue algo tan absurdo como negar a la educación concertada el acceso al fondo COVID, dotado con 2.000 millones de euros. Ciudadanos había avisado que no aceptaría la marginación de los colegios de la red concertada y el Gobierno, para tratar de sacar adelante el capítulo social, lo más que llegó a ofrecer fue una fórmula de compromiso: destinar las ayudas a los centros donde haya alumnos con mayor grado de vulnerabilidad.

Un texto ambiguo, de difícil concreción, que permite al Gobierno hacer lo que le plazca. El veto al fondo COVID para la red concertada es una concesión a la demagogia populista que merece algunas reflexiones. Los colegios públicos e institutos están ubicados en todos los barrios de nuestras ciudades. El acceso a los colegios se hace siguiendo fundamentalmente el criterio de cercanía. Cuando un colegio o instituto está en un barrio marginado, pobre, el alumnado tiene carencias de todo tipo. Justo al contrario ocurre cuando el instituto o colegio se ubica en una zona céntrica. No cabe identificar enseñanza pública con alumnos con necesidades, sin ordenadores, conexión a Internet, etcétera.