María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, tiene un problema. El preacuerdo que alcanzó con Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no es digerido por la junta de gobierno de la entidad. Los alcaldes, incluidos los socialistas, no aceptan que todo el remanente municipal, 15.000 millones de euros, fruto del ahorro de más de 8.000 ayuntamientos, haya que entregarlo voluntariamente al Ministerio de Hacienda en forma de préstamo para que éste les devuelva 5.000 millones en los dos primeros años y el resto (10.000 millones) a lo largo de los diez siguientes. Como las protestas se habían generalizado, Abel Caballero no se atrevió a presentar el acuerdo a votación de la junta de gobierno.
Para ablandar la resistencia de los alcaldes la ministra les ha ofrecido un regalo: suprimir la regla de gasto por un año. Un ejercicio de barra libre. Para poder establecer el objetivo de estabilidad presupuestaria es necesario tener en cuenta la regla de gasto y el saldo del ejercicio precedente. Sin regla de gasto los fines para los que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera quedan sin efecto. Si María Jesús Montero está dispuesta a cargarse la principal norma que regula el control económico de las administraciones, entonces es que la ley ha quedado desfasada y merece ser modificada. Lo que no se puede admitir es la defensa a capa y espada de la estabilidad presupuestaria, pero cuando le interesa al Ministerio de Hacienda deja de tener validez. El asunto es más lacerante aún, porque el motivo de dejar varada la regla de gasto no es otro que hacerse con el ahorro de los ayuntamientos para financiar las actividades del Ministerio de Hacienda a coste cero.
La junta de gobierno de la FEMP lleva décadas llegando a acuerdos por unanimidad; el regalo de la ministra puede romper una larga tradición provocando la desunión entre los que reclaman la gestión del remanente, como una forma de afianzar la autonomía municipal, y los que se plieguen a las sugerencias de la ministra, dispuestos a beneficiarse del derecho a incurrir en déficit. Como estamos acostumbrados a las artimañas de la ministra portavoz, en caso de división, seguro que desvía la atención del problema echándole la culpa al PP. Se empieza forcejando por la utilización del remanente y se acaba poniendo etiquetas de extrema derecha. Así evita confesar la verdad: para qué necesita los 15.000 millones.