El recurso de la Fiscalía de Barcelona contra el régimen de semilibertad del que gozan los líderes sediciosos catalanes ha sido aceptado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña dictando la suspensión cautelar del tercer grado. Los exconsejeros, Junqueras, From y Romeva, y los líderes sociales, Jorge Cuixart y Jorge Sánchez, tendrán que ingresar en prisión. Con el tercer grado sólo iban a la cárcel a dormir.

Aunque los actos administrativos están cimentados en la legalidad, resulta muy difícil de entender que las juntas de tratamiento penitenciarias, un grupo de funcionarios dependientes del poder político, puedan poner en la calle durante gran parte del día a reclusos que no llevan cumplida una cuarta parte de la pena. Expuesto en términos concretos: funcionarios de la Generalitat, a las órdenes del Gobierno de Quim Torra, deciden cómo deben cumplir la condena los exconsejeros de la Generalitat que el Tribunal Supremo sentenció a largas penas de cárcel. El razonamiento o truco para ponerlos en la calle es el cumplimiento de medidas de socialización y reeducación (desempeñar trabajos). En este caso es una absoluta farsa, porque ninguno de los agraciados con el tercer grado reconoció su culpa ni mostró arrepentimiento.

Hace bien poco, Junqueras, en una entrevista, declaraba sentirse orgulloso de la hazaña de saltarse el ordenamiento jurídico para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Fue muy importante la intervención de la Fiscalía y la decisión del juez para evitar el vaciamiento de la sentencia (¿fraude de ley?) por parte de la Generalitat. Oculto tras el drama del coronavirus, la situación de Cataluña sufre dos grandes anomalías, una es la forma en que se aplica la sentencia a los cabecillas de la sedición y la otra es el estatus institucional de Torra. La primera está en vías de solución, con el retorno a prisión de los condenados, mientras que la permanencia de Torra al frente de la Generalitat se mantiene porque el Gobierno mira para otro lado.