Con el objetivo de explicar el acuerdo del Consejo Europeo y su transcendencia para España se celebró ayer un pleno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez hizo alguna intervención larguísima en el debate para dejar clara su postura. El Parlamento es, sin duda, el sitio adecuado para tratar asuntos de alcance nacional con tanto contenido político. Así ocurre en Francia, Italia, Holanda, etcétera. En España la explicación resulta incompleta si no se analiza en clave autonómica. De ahí la cita del viernes. Así planteada la cuestión, el interés de la reunión reside en ver qué criterios se utilizarán para repartir territorialmente la millonada europea. Hay algunos jefes autonómicos que quedaron descontentos con el reparto de los primeros 6.000 millones del llamado, ‘fondo COVID’, del Gobierno central, y quieren resarcirse con el plato fuerte de los 140.000 millones de la UE.

Adrián Barbón es optimista y espera que Asturias salga beneficiada con la asignación de recursos, por ser una de las comunidades autónomas que ha realizado mayores sacrificios para adaptarse al nuevo modelo energético. En justicia debería ser así, pero las decisiones políticas están más regidas por correlaciones de fuerzas que por criterios de equidad. La propia Comisión Europea ha defraudado nuestras expectativas, cuando tras crear un fondo para la transición justa solo concede a España el 4% del total. Casi siete veces menos que Polonia. Pedro Sánchez ya sabe que se cerraron las minas, que se clausuran las centrales térmicas, que la vicepresidenta, Teresa Ribera, no ha mostrado la menor empatía con la industria electrointensiva asturiana. ¿Llegó el momento de resarcirse? Es difícil que de la conferencia salgan decisiones concretas, pero es importante que se avancen algunos criterios para no vernos posteriormente ante hechos consumados.