Carmen Calvo, como vicepresidenta primera del Gobierno, negoció con la Casa del Rey los cambios que había que introducir en el estatus de don Juan Carlos. Desde Oviedo recalcó la posición del Gobierno: no se tomará ninguna medida contra el padre del Rey; el trabajo de Felipe VI es impecable. Adaptada a las actuales circunstancias es la postura clásica del PSOE sobre la Corona desde los tiempos de la transición. En Unidas Podemos siguen colocando a la monarquía en la diana, para ver si la delicada situación en la que se encuentra don Juan Carlos de Borbón sirve para acabar con la institución («no hay motivo alguno para seguir cargando con una monarquía carente de valores éticos»). Las reacciones de unos y otros entran dentro de lo que cabía esperar, con la excepción de la clase política catalana, que sobreactúa de tal manera que una vez más demuestra que carece del más mínimo sentido del ridículo.

El Parlamento catalán va a celebrar un pleno extraordinario monográfico sobre la crisis abierta «por la monarquía española como consecuencia de las actividades del antiguo Rey de España y su huida». Torra espera que el pleno finalice con una petición de abdicación de Felipe VI. El presidente catalán ya se quejó de que se aplaudiera la «huida», en una especie de lapsus freudiano porque la secuencia político-huida-aplauso termina inevitablemente en Puigdemont. Por su parte, Ómnium Cultural, el chiringuito que preside Jorge Cuixart, ha cursado una petición urgente ante el Tribunal Supremo para que apruebe medidas cautelares contra el Rey emérito, siendo denegadas porque no cabe establecer esas cauciones con una persona que no está imputada en ninguna causa.