LA LIGA DE LOS ALCALDES
Mientras el público se estremecía con los datos de la escalada de la pandemia y especulaba sobre el paraíso turístico de don Juan Carlos de Borbón, el Gobierno de coalición de la izquierda hizo uno de los ejercicios más puros de ordeno y mando que hemos visto desde que Pedro Sánchez habita en la Moncloa: los ahorros de los ayuntamientos pasan a manos de la ministra de Hacienda.
Para realizar semejante abuso de autoridad hay que someter alguna voluntad. En este caso fue la de Abel Caballero, alcalde de Vigo, ex ministro de Transportes en los años ochenta, con Felipe González, y actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El alcalde de alcaldes dio el visto bueno a la propuesta de la ministra, María Jesús Montero, que consiste en entregar voluntariamente los 14.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos inmovilizados en cuentas bancarias al Gobierno para que éste los administre. La ministra no se apropia del dinero, simplemente lo gestiona: reparte 5.000 millones entre los ayuntamientos que se avengan al pacto, entre los años 2020 y 2021, y el resto lo va devolviendo en sucesivos ejercicios.
El acuerdo es una concesión humillante, con un detalle final de trileros, porque durante la negociación la ministra defendía siempre devolver los 9.000 millones en diez años, pero al pasar del pacto al decreto-ley se habla de que el plazo puede ampliarse a los quince años.
Para llevar la propuesta a la directiva de la FEMP hizo falta que María Jesús Montero y Abel Caballero redactaran cuatro borradores y se aplazara cuatro veces la reunión del sanedrín municipal.
Para presionar, la ministra decidió que los alcaldes que no cedan su remanente quedan excluidos del reparto de los 5.000 millones. Tras tanto borrador fallido y tanto aplazamiento de cita, llegó la hora de votar en la directiva de la FEMP: los doce alcaldes socialistas votaron afirmativamente, los doce del resto de grupos rechazaron la propuesta de la ministra, y el edil de IU se abstuvo (¡Con lo municipalista que era IU hasta que eligió como coordinador general al ministro de Consumo!). El empate se resolvió con el voto de calidad de Abel Caballero.
En los últimos 35 años, la FEMP resolvió todas las cuestiones por unanimidad. La decisión que rompió el consenso se tomó de la forma más lacerante, cuando el órgano de dirección está dividido en dos partes iguales.
Olvidados
Abel Caballero renunció deliberadamente a representar a los más de 8.000 alcaldes de España para hacerle un gran favor al Gobierno de Pedro Sánchez. Prefirió actuar como un hombre de partido a defender los intereses del municipalismo español, la Administración territorial más olvidada del Estado.
Un hombre con su experiencia sabe que su actuación quiebra el municipalismo y mete el virus del partidismo en una organización que siempre se había mantenido autónoma, libre de las influencias de las siglas.
La reacción no se ha hecho esperar y los ediles de las principales ciudades que no están gobernadas por los socialistas se han confabulado para cargarse el decreto-ley.
Gobernar por decreto-ley tienta a todos los presidentes, ya que no hace falta negociar con la oposición para dictar normas. No obstante, esta forma jurídica tiene un defecto: en los treinta días siguientes a la publicación del decreto hay que validarlo en el pleno del Congreso de los Diputados. No se puede enmendar o reformar, solo cabe aprobarlo o rechazarlo.
Los ediles contestarios, que ya hablan de formar una «liga de alcaldes», están convencidos de tumbar el decreto, porque les apoyan sus compañeros diputados del PP, Ciudadanos, Vox, ERC, JxCat, Cup, PNV, Bildu, BNG, Compromís, PRC, CC, Nueva Canarias, Navarra Suma y Foro Asturias. Alrededor de 190 escaños, una holgada mayoría absoluta.
A primeros de septiembre, la Cámara decide. No es fácil saber qué maniobra urdirá el Gobierno para evitar una derrota que puede constituir un punto de inflexión en el municipalismo español, que tras años de amagar y no dar se ha convertido en el pariente pobre de las administraciones españolas.
Timo
Los ayuntamientos perdieron la batalla de aumentar su participación en la recaudación de los impuestos del Estado, fueron derrotadas en la pugna sobre las llamadas competencias impropias, quedó sin respuesta su propuesta de negociar un modelo de financiación municipal, y ahora ven cómo su principal representante firma el que podría llamarse timo del remanente.
El saneamiento de las cuentas del Reino de España se ha hecho, sobre todo, sobre los ayuntamientos que se vieron impedidos para gastar y obligados a amortizar deuda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se ha aplicado con todo rigor en los municipios y gran liberalidad en las comunidades autónomas.
Cristóbal Montoro actuó implacablemente con los ayuntamientos, pero María Jesús Montero dio un paso más al proponer que le cedan el remanente. Una oferta así sólo se hace a los entes administrativos que no son vistos como autónomos y soberanos para decidir sobre sus propios ahorros.
Así como hace cincuenta años los gobernadores civiles mandaban en los ayuntamientos, María Jesús Montero considera que el Ministerio de Hacienda debe gestionar la hucha de los alcaldes.
Nunca fue tan evidente que los ayuntamientos tienen que ganar peso político en el conjunto del Estado.