La comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) no apoya el acuerdo firmado por María Jesús Montero y Abel Caballero (presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias) sobre el uso del remanente municipal. Abel Caballero, en nombre de los ayuntamientos españoles, había aceptado ceder sus ahorros al Ministerio de Hacienda para que éste los administrara. La ministra había propuesto devolver 5.000 millones en los dos próximos años, y los 9.000 millones restantes se devolverían en un plazo que podría llegar hasta los quince años. Con el voto de calidad de Abel Caballero salió adelante tan gravoso pacto. En Asturias, la ejecutiva de la FACC se limitó a dar libertad a los ayuntamientos para que decidan lo que les parezca más conveniente, y recomendó a los grupos parlamentarios que lleguen a un amplio consenso en el Congreso de los Diputados sobre el remanente.

En el seno de la FACC los alcaldes que no son del PSOE (PP, IU y Foro) anunciaron que rechazarían la oferta de María Jesús Montero. Siendo este hecho importante, lo más relevante es que los regidores socialistas, con mayoría en la ejecutiva de la FACC (53 de los 78 ayuntamientos asturianos están gobernados por el PSOE, que obtuvo mayoría absoluta en 37 de ellos), han renunciado a votar la propuesta pactada por Montero y Caballero, mostrando una actitud claramente crítica hacia el acuerdo.

El Gobierno ha aprobado el pacto a través de un decreto ley que lo tiene que convalidar el Parlamento a primeros de septiembre. No hará falta esperar hasta entonces, porque los alcaldes se están encargando ellos solos de dejarlo en papel mojado. En Cantabria, en Vizcaya, en Cataluña, es un clamor el rechazo municipal al abusivo trato que pretende deparar el Ministerio de Hacienda a los consistorios financiándose con el ahorro de éstos. El asunto ha llegado tan lejos que no se puede arreglar sin pagar un coste político. Forzosamente, las miradas se vuelven hacia Abel Caballero, que carece ya de credibilidad para representar los intereses de los ayuntamientos españoles. Un señor que ha recurrido al voto de calidad para resolver el empate que había en el órgano de dirección estatal, con la única intención de ofrecer el remanente municipal al Gobierno, como si fuera un regalo, no puede seguir en el cargo. También María Jesús Montero va a salir chamuscada por la salida en falso del decreto-ley. Políticamente, el rechazo de los alcaldes es una censura a la ministra de Hacienda.