Juan Cofiño, encargado de llevar a cabo la reforma de la Administración autonómica, ha aclarado a preguntas de la oposición que van a analizar cada empresa, fundación o ente del sector público para ver cuál es la fórmula de gestión más adecuada. La respuesta no satisface a grupos de izquierda y sindicatos, que agitan el fantasma de las privatizaciones, como si fuera la gran amenaza para las administraciones. El diputado, Rafael Palacios, está interesado en saber si el Gobierno socialista se plantea recuperar la gestión directa de servicios que pese a haberse puesto en manos de empresas no han mostrado una mayor eficiencia. No sé si algún servicio gestionado por empresas privadas ha resultado más oneroso para los contribuyentes, pero basta repasar las propias cifras del Principado para darse cuenta de que la Administración regional, tal y como funciona, resulta insostenible. No hay dinero para el mantenimiento de carreteras o para la inversión productiva, porque se destina una cantidad creciente de recursos a sueldos y salarios.

Una parte muy importante de nuestros impuestos tiene por objeto cebar el gasto corriente. Chequear la Administración, tratar de hacerla menos costosa para una población empobrecida con la crisis económica, no solo es una buena idea, sino que es una obligación ineludible desde la perspectiva de la defensa de los intereses generales. La oposición debería animar al Gobierno a profundizar en la tarea, en vez de mantener el actual ‘statu quo’ que es el resultado de la inercia, la imposición de privilegios laborales y la burocratización irracional. Una auténtica calamidad para el progreso. Los partidos políticos que guarden silencio ante este panorama están instalados en la retaguardia de la sociedad.

Para valorar la opinión de los sindicatos sobre la reforma del Principado hay que partir de su alto grado de implantación en las administraciones públicas. Hace cuarenta años, la afiliación sindical era muy elevada en el sector industrial, en la actualidad lo es en la Administración. El discurso sindical tiene como objetivo defender los intereses de sus afiliados. Entendiendo que su postura es legítima, pero hay algunas tesis que carecen de sentido, como que «los servicios públicos deben estar ofrecidos por funcionarios». ¿Qué gana la sociedad con que la lavandería de un hospital esté en manos de empleados públicos? ¿Mejora el Estado del Bienestar, se quitan mejor las manchas, o simplemente nos sale más cara a todos?