La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decidido sobreseer la causa abierta contra los miembros de la Corporación municipal de Aller, del mandato 2007/2011, por haber comprado una finca y, posteriormente, haberla cedido al Montepío de la Minería para construir una residencia geriátrica. El aspecto más cuestionable de la operación residía en haberla llevado a cabo en contra de los informes realizados por el secretario municipal y el interventor. La Fiscalía Anticorrupción investigaba a todos los ediles (la decisión había sido tomada por unanimidad de la Corporación local), dentro de una pieza separada del conocido como ‘caso Hulla’, por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

Los magistrados descartan tajantemente la comisión de posibles delitos, amparándose en doctrina repetida del Tribunal Supremo, que echa por tierra las objeciones puestas por los funcionarios. Igualmente, consideran que hacer caso omiso de los informes municipales no supone en ningún caso una transgresión grosera del ordenamiento jurídico ni es una actuación que reúna los requisitos que deben estar presentes para hablar de prevaricación, tal como, al parecer, señala «reiteradísimamente» la jurisprudencia.

A mayor abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias señala que los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Aller fueron puestos en conocimiento del Principado «sin que pusiese reparo alguno». No creo que el Principado se ponga a investigar los posibles vicios que puedan existir en el proceso de formación de voluntad de los entes locales. Les bastará con tener una copia del acta de los acuerdos del pleno. Si la Administración regional ya es lenta, no quiero pensar lo que tardaría si se pone a hacer una revisión jurídica de todas las decisiones municipales.

En cuanto al ‘nihil obstat’ del notario y el registrador de la propiedad, a los que alude el TSJA, quiero pensar que la noticia sería negarse a dar fe del acuerdo y a registrarlo. Como decía el expresidente José María Aznar, sería de aurora boreal. El sobreseimiento tiene importancia solo por una razón: Teresa Mallada era concejala de Aller cuando sucedieron los hechos. Su carrera política estaba pendiente de esta decisión judicial. Es más, el vacío de poder en el PP regional –un año sin presidente y sin secretario general– solo se explica por la importancia de este sumario. No es creíble que Casado y García Egea se pasen un año dudando sin que exista una causa poderosa. Ahora, ya no hay excusas.