En el Congreso de los Diputados ha ocurrido un hecho muy infrecuente, tanto que es la cuarta vez que sucede en la democracia: la Cámara no convalida un decreto ley del Gobierno. No sucedió nada que no hubieran anunciado los portavoces de los más variados grupos, pero el Gobierno creyó que la inercia pasaría por encima de las protestas. La fórmula prevista para activar los 14.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos inmovilizados en los bancos fue rechazada por casi 200 diputados que van desde la izquierda más extrema hasta la derecha de la derecha. El Gobierno bipartito (PSOE, Unidas Podemos) solo logró que lo acompañara el diputado de Teruel Existe, que demostró ser un pardillo que confió en el optimismo del Ejecutivo.

El revés sufrido tiene como principal responsable a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz , que se encargó de urdir un pacto con Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de espaldas al resto de regidores. Un acuerdo increíble, que obligaba a los ayuntamientos a poner todo el dinero ahorrado en manos del Gobierno, con la promesa de que se lo devuelvan en un plazo que podría llegar a los quince años. Eso sí, la ministra en un gesto de magnanimidad les entregaba 5.000 millones a modo de anticipo de lo que recibirían en el año 2035. Lo más formidable del asunto es que la ministra empleó como único argumento que la oferta era la única fórmula legal de desbloquear el dinero inmovilizado. Si fuera cierto, si la ley impide a un ente soberano gestionar sus ahorros, la solución es muy sencilla, se modifica la norma. Cualquier cosa, menos atentar contra el sentido común.

La ministra compareció con el rostro mellado entre el cansancio de las últimas horas negociando imposibles apoyos y la irritación de la derrota. Aun así, tuvo la suficiente vis cómica para decir que el Gobierno encajaba la goleada con deportividad. Le faltó felicitar a la oposición por tejer una alianza tan amplia. Fue un día desgraciado para el Ejecutivo al juntarse el récord absoluto de contagios en un día por coronavirus (10.746 nuevos enfermos) con el rechazo de un pacto que permitía al Gobierno hacer política con el dinero tomado a administraciones mucho más pobres. El problema del dinero inmovilizado seguirá constituyendo un quebradero de cabeza para los alcaldes, pero han evitado sufrir la humillación de sacar el dinero del banco para dárselo a otros que también gestionan créditos.