Estamos en una época de gran confusión con las cuentas públicas, porque los presupuestos de cada institución se ven afectados con transferencias realizadas desde otras administraciones y por fondos europeos. Hay ingresos y créditos ordinarios y otros extraordinarios para hacer frente a las nuevas necesidades de financiación originadas por la pandemia. Un cuadro complejo que lo enmarañan los gobernantes cuando reparten dinero de forma arbitraria. Por ejemplo, las comunidades autónomas van a recibir 16.000 millones del Gobierno que deben gastar en Sanidad y Educación. Es una entrega generosa, sin que responda a ninguna obligación del Gobierno.

Igualmente, hace unos días el Ejecutivo también anunciaba 5.000 millones para los ayuntamientos, si a cambio le cedían la gestión de sus ahorros (14.000 millones). Los 5.000 millones los aportaba voluntariamente, nadie se los había reclamado. Acostumbrados a este baile de dinero, la política se convierte en un chalaneo. Los alcaldes que no tuvieron superávit quieren que el Ejecutivo les aporte recursos. Es probable que lo acaben consiguiendo porque aquí se hace electoralismo con el dinero público hasta cuando no hay comicios a la vista. La Ley de Estabilidad Presupuestaria debe reformarse para que responda a las necesidades del presente. Nada de suprimir el techo de gasto de manera discrecional. Con estos brotes de generosidad o arbitrariedad se van a desvirtuar los mecanismos ordinarios de financiación autonómica y municipal. Mejor vivir del favor o del chollo.