Desregulación fiscal. El Gobierno anula las normas que regían en la elaboración de los presupuestos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Para este ejercicio y el próximo queda suspendida la regla de gasto y no habrá límites para el déficit público y la deuda. El virus es la causa de tanta anarquía. Produce tantos estragos en la economía nacional que las administraciones tendrán libertad para usar los recursos que tienen a su alcance para luchar contra la recesión. Presidentes y alcaldes tienen licencia para gastar y endeudarse, pero a sabiendas de que operan sin red de seguridad. Las prácticas keynesianas pueden sacarnos del socavón o agrandarlo. En cualquier caso, si en alguna ocasión tiene sentido gastar los ahorros e incrementar las deudas es en momentos como el actual, con el sector privado atascado y los consumidores reconvertidos en ahorradores.

Se acabó la polémica del remanente municipal. La ministra portavoz del Gobierno permite a los ayuntamientos utilizar todo lo ahorrado desde 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estaba bloqueado en los bancos, y María Jesús Montero juraba que la ley no permitía utilizarlo. Como en el timo de la estampita, la solución pasaba por que los alcaldes se lo entregaran al Ministerio de Hacienda, que éste ya se lo iría devolviendo en cómodos plazos durante quince años. Ahora resulta que todo el relato era falso. Sin cambiar ninguna norma y sin pedir permiso a Bruselas, la ministra concede barra libre a los alcaldes para gastar lo que es suyo. En definitiva, que todo lo que sospechábamos y escribíamos era cierto. Se queda María Jesús Montero sin 14.000 millones de euros que le venían muy bien para tapar agujeros. Y lo que es más importante, tras sostener un largo pulso con los alcaldes blandiendo la amenaza de impedirles utilizar un euro del remanente, ha perdido la credibilidad. Es muy importante que un portavoz inspire confianza y es necesario que el ministro de Hacienda sea creíble, pero ambas cualidades han quedado hechas girones durante la larga puja por el control de los ahorros municipales.

Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cómplice necesario de la ministra para que el Gobierno central se hiciera con el remanente municipal, se vuelve ahora reivindicativo y exige 5.000 millones para los entes locales. Los políticos actúan como si los ciudadanos no tuviéramos memoria.