El Principado va a contar con un comité de colaboración o asesoramiento para decidir el destino de los recursos provenientes del Fondo de Reconstrucción europeo, dotado con 140.000 millones de euros. De esa cantidad se calcula que a Asturias podrán llegar unos 1.500 millones. En el comité estarán representados la patronal, las principales centrales sindicales, las cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Concejos y la Universidad de Oviedo, junto al Gobierno regional. Habrá que acondicionar una mesa muy larga para acomodar a tanta gente. Junto al comité, también habrá un órgano interno de la Administración, formado por directores generales y personal experto en la gestión de fondos, coordinado por la Dirección General del Asuntos Europeos y ubicado en la Consejería de Hacienda.

Doy por descontado que los principales responsables del Gobierno asturiano habrán estudiado en profundidad la situación y de ese análisis se derive la necesidad de contar con el comité asesor, así como con la estructura creada en la Administración para ese fin. Deseo que la iniciativa se corone con el mayor de los éxitos y que logremos financiación suficiente para unos proyectos sólidos que reactiven a una región detenida entre los ERTE, el bajo consumo y la ausencia de expectativas.

Dicho todo lo anterior, quisiera añadir dos cosas. Cuando en el Consejo Europeo de julio se aprobó el Fondo de Reconstrucción se presentó un calendario de actuaciones que señalaba para el mes de enero la presentación de los proyectos. Pongamos que por esas cosas de la burocracia todo se demore un trimestre: primeros de abril. ¿No vamos un poco retrasados? El dinero no lo tenemos asignado, esa era la mecánica de los fondos mineros. Tampoco España tiene garantizados los 140.000 millones. Todo depende de la calidad de los proyectos. Sin proyectos sólidos, el dinero se desplazará hacia otras geografías. ¿De verdad que para impulsar o seleccionar proyectos competitivos hace falta toda esa burocracia asesorando? El Principado habla de la necesidad de consensuar el destino de esos fondos, pero lo importante no es el acuerdo regional sino el visto bueno de la Comisión Europea. ¿No hubiera sido mucho más eficaz que las consejerías correspondientes hicieran un llamamiento a las empresas para que se comprometieran en la ideación de iniciativas y con la coordinación del Principado se podría completar el trabajo? Con tantos prolegómenos temo que haya más debate que sustancia.