La solicitud realizada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al Tribunal Supremo (TS) para que abra una causa penal contra Pablo Iglesias por la presunta comisión de los delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos –con el agravante de género– y daños informáticos, todo ello con la pretensión de conseguir ventajas electorales ha conmocionado la política española. El vicepresidente segundo del Gobierno se beneficia de ser persona aforada, en caso contrario el juez instructor realizaría directamente las calificaciones penales como paso previo para la apertura de juicio oral.

El ‘caso Dina’ cobra ahora una nueva dimensión; la posible imputación del TS dejaría a Iglesias a los pies de los caballos, ya que después de haber descabalgado a Rajoy del poder, por supuestas responsabilidades en delitos de corrupción, sin que hasta el día de hoy lo haya llamado un juez a declarar, no sería factible mantenerse en el Gobierno imputado por varios delitos. La caída del vicepresidente podría desestabilizar al Gobierno y vernos ante un escenario de elecciones anticipadas. En el ‘caso Dina’ están en juego dos asuntos, la carrera política de Iglesias y la viabilidad del Gobierno de coalición. Es preciso insistir que en este momento Iglesias no está imputado y la Fiscalía todavía no ha dado a conocer su opinión. Hay delitos, como los daños causados y la revelación de secretos, que requieren de la denuncia de la persona perjudicada, circunstancia que no se da en este caso, ya que Dina fue durante todo el sumario en absoluta concordancia con su jefe.

Lo más sobresaliente de la agitada jornada fueron las declaraciones de Iglesias tras conocer la noticia. Dijo que no concebía la imputación ni como mera hipótesis, y que todo el mundo sabe lo que va a decir el TS. ¿Tanto poder tiene el vicepresidente para saber que lo que van a decidir los jueces antes de abordar el sumario? ¿Sugiere que los jueces no se atreven a importunar a personajes tan poderosos? El vicepresidente fue aún más lejos y dijo que era inconcebible que el TS acepte la petición de García Castellón porque «en este país todavía no han condenado a nadie por sus ideas. Sería inconcebible que en una democracia de la UE ocurriera algo así». Pablo Iglesias avanza cuál será su defensa al convertir un caso cutre, de robo y fisgoneo del material rigurosamente personal de una tarjeta de teléfono, en un ataque a la libertad ideológica. Osadía o audacia en su máxima expresión.