Juan Cofiño recibió el encargo del presidente del Gobierno de pilotar la reforma de la Administración autonómica. Los cambios implicarán la aprobación de una nueva Ley de la Función Pública. El vicepresidente plantea la revisión de los procedimientos administrativos ante las quejas de los ciudadanos por la lentitud en atender sus demandas. Considera que las normativas relacionadas con medio ambiente, urbanismo, patrimonio y contratación deben reformarse. Esta es una cuestión de gran interés público pero difícil de resolver.

La anquilosada Administración pública española recibió dos impactos en los años ochenta del pasado siglo, con la implantación del Estado de las Autonomías y la entrada en la Comunidad Económica Europea. Por un lado la Administración central cedía competencias hacia abajo (comunidades autónomas) y por el otro las perdía hacia arriba (Bruselas). Ahora bien, ambos impactos tenían en común un defecto: multiplicar la normativa que afecta a los ciudadanos. La burocracia dio pasos de gigante a partir de aquellos años, hasta el punto de que hoy día supera la capacidad de adaptación de empresas y ciudadanos a la jungla de normas legales. Por ejemplo, el sector de la construcción necesita una simplificación de leyes y reglamentos para poder trabajar. La Administración que se presenta como garante de las personas físicas y jurídicas acaba convirtiéndose en un gran obstáculo para que estas logren sus fines.

Soy muy escéptico sobre la posibilidad de realizar una reforma profunda, porque todas las comunidades autónomas están afectadas por la inflación normativa. Ojalá me equivoque, pero la resistencia al cambio es más poderosa que la voluntad de cambio. No es una valoración genérica o difusa, sino que se puede plantear en términos concretos: una reforma profunda de la Administración autonómica perjudicaría a miles de personas que trabajan en ella. No a todas, claro está, pero sí a muchas. Del crecimiento de las normativas y el barroquismo de los procedimientos dependen muchos puestos de trabajo que una sensata simplificación llevaría a prescindir de ellos. Tampoco saldría beneficiada la clase política, porque una Administración voluminosa es un granero de votos y cortafuegos entre el administrado y el político. La Administración es el músculo del Gobierno. Los más beneficiados serían los ciudadanos que todavía no saben que más de dos tercios de sus impuestos los consumen las distintas administraciones.