CONTROLAR A LOS JUECES
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al ser elegidos los vocales del CGPJ por las cámaras, los partidos políticos se aseguran el control del órgano. En esencia el método siempre es el mismo y se ha ido repitiendo durante décadas: cuando los vocales terminan su mandato, PSOE y PP negocian el nombre de los nuevos miembros del CGPJ, teniendo la deferencia de reservar alguno de los sillones para los grupos nacionalistas. Todo atado y bien atado. Desde que el consenso del PSOE y PP saltó por los aires con la llegada de las nuevas formaciones (Podemos y Ciudadanos) la renovación quedó en vía muerta. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han encontrado la forma de nombrar nuevos vocales rebajando la mayoría parlamentaria necesaria para elegirlos, al permitir que en segunda votación sea por mayoría absoluta, en vez de por tres quintos de los escaños.
Con la actual correlación de fuerzas habrá nuevos vocales con el voto de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. El control de los jueces por los aparatos de los partidos se mantiene, pero no es lo mismo que se logre por formaciones constitucionalistas, como son el PSOE y el PP, que por el apoyo de grupos que pretenden acabar con la democracia, romper la unidad de España o las dos cosas a la vez. En los últimos años pudimos comprobar el papel tan importante que juegan los jueces en nuestra democracia. Cuando en el otoño de 2017 el Parlamento catalán, dominado por los independentistas, había aprobado las leyes de desconexión con la legalidad española y realizado un conato de consulta sobre la independencia de Cataluña, la recuperación de la normalidad vino por la actuación de la Fiscalía y los distintos tribunales de justicia, no por la acción del Gobierno de Mariano Rajoy. La profesionalidad de jueces y fiscales, asumiendo riesgos evidentes, sobre todo cuando realizaban su trabajo en Cataluña, sirvió para mantener el Estado de Derecho en todo el territorio.
Aquella situación tan dramática sirvió para que los partidos antisistema comprendieran que mientras haya jueces independientes sus planes de instaurar una nueva legalidad no prosperarán. El empeño por controlar el tercer poder constituye una pieza fundamental de la batalla política que se desarrolla en España. De ahí las amenazas de muerte a jueces insobornables.