La controversia sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cesa. El aviso dado por la Comisión Europea es un obstáculo en los planes del Gobierno de coalición por razones políticas y económicas. Quedar alineado con los gobiernos autoritarios de Polonia y Hungría implica un cuestionamiento sobre la calidad democrática de nuestro sistema, con la particularidad de que la crítica recaería en un Gobierno de izquierdas. A ello hay que añadir que la discrepancia española se produciría en un momento en que los gobiernos de ‘los Veintisiete’ han apostado por un mayor compromiso con la Unión Europea al asumir mancomunadamente una operación de endeudamiento de 750.000 millones de euros. Cuando se produjo el ‘Brexit’ se especulaba con que España podría hacerse con la cuota de poder del Reino Unido, algo que es impensable si se diseña un poder judicial sometido al Gobierno de turno. Por último, en la hoja de ruta de la Unión Europea consta que en los próximos años recibiremos fondos por un valor de 140.000 millones de euros, el país que tendría más ayudas tras Italia. Los países que hacen más aportaciones al presupuesto europeo pueden congelar las entregas de dinero a España mientras no quede garantizada normativamente la independencia del poder judicial.

Por todas esas razones, Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha insistido en que está dispuesto a negociar inmediatamente con el PP la composición del CGPJ. El presidente asegura que dos veces se estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero el PP se arrepintió. Para explicar la fórmula pactada entre él y Pablo Iglesias, afirma que los vocales se eligen por una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados; por si no hay esa mayoría «se estableció una salvaguarda» que consiste en nombrar vocales por mayoría absoluta (el 50% de los diputados más uno). El problema estriba en que el artículo 122 de la Constitución dice expresamente que la mayoría debe ser de tres quintos de la Cámara Baja. La supuesta salvaguarda es un trampantojo. Dicho de otra manera, el sistema ideado por el Gobierno de coalición es inconstitucional, de ahí las suspicacias de la Comisión Europea.

El PP va a registrar una proposición de ley para despolitizar el sistema de elección de vocales del CGPJ. La propuesta de Pablo Casado exige que Unidas Podemos quede al margen del proceso, que pactarían PSOE y PP. Una premisa de ese tipo, si se eleva a categoría de principios, sólo servirá para prolongar ‘sine die’ el disenso.