El Principado es la primera comunidad autónoma que pide formalmente al Gobierno el confinamiento domiciliario durante quince días. Salvador Illa ha rechazado tal posibilidad porque el Ejecutivo, sencillamente, no baraja esa propuesta; confía en que con las medidas tomadas bajo el actual estado de alarma se pueda frenar la expansión del patógeno. Asturias tiene una incidencia del virus que la sitúa en la categoría de «riesgo extremo», según los baremos aprobados en el Consejo Interterritorial de la Salud. Tenemos unas cifras de contagio y unos porcentajes de ocupación de camas hospitalarias y camas UCI por encima de la media española. En cuanto al colectivo más vulnerable, los mayores de 65 años, estamos en 554 casos por cada 100.000 habitantes. En diez meses como ministro, Salvador Illa ya aprendió que el primer bien a proteger es la salud del Gobierno y eso pasa por no exponerlo a la aprobación de un nuevo estado de alarma en el Congreso de los Diputados que permita dar paso al confinamiento domiciliario, la única medida que se reveló eficaz. En los últimos quince días, Asturias pasó de tener una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes a 400. Si se mira la gráfica, se verá que nos encontramos en el tramo más pronunciado de la pendiente, pero Illa confía en que se puede controlar el problema. Necesitamos un ministro que haga política sanitaria y nos encontramos con un ministro preocupado por la estabilidad del ‘statu quo’ político.

Adrián Barbón ha decidido el cierre del comercio y la hostelería, así como todo tipo de actividades no esenciales. Se mantiene la enseñanza en las etapas no universitarias, a diferencia de lo que ocurrió en primavera. Niños, jóvenes, maestros y profesores quedarán expuestos en primera línea de fuego cuando el frío cierre las ventanas. De su bolsillo se pagan las mascarillas más seguras, esas que Simón tildaba de «egoístas» porque protegían al usuario.

Las alertas naranja y los cierres perimetrales no pasaron de ser un simple placebo ante un escenario caracterizado por una alta transmisión comunitaria. No entiendo cómo el resto de presidentes autonómicos no hacen lo mismo que Barbón: presionar al Gobierno para confinar a la población y clausurar los espacios públicos cerrados. Sánchez tiene que comprometer una cuota de los fondos europeos para hostelería, comercio y ocio. Está en juego el 27% del PIB español y varios millones de empleos. Por último: el toque de queda es inocuo cuando todo está cerrado.