Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado han acordado congelar los sueldos y asignaciones de los diputados para el próximo año. Los funcionarios del Principado tendrán un aumento del 0,9% en sus nóminas, pero los diputados recibirán la misma cantidad que este año. Podemos propuso que se bajaran los salarios hasta los 1.980 euros, el doble del salario mínimo, una cantidad que ellos consideran que debe ser el techo para las remuneraciones de un cargo público. Esta propuesta ya la tenían en el programa de las elecciones europeas de 2014, la primera vez que concurrieron a las urnas. Hasta ahora ningún grupo les acompañó en su objetivo de rebaja salarial. En los principales países europeos, los diputados ganan más, o mucho más, que el techo propuesto por Podemos. A mí no me parece ninguna desmesura lo que cobran en la Cámara autonómica. Otra opinión tengo de su calendario de trabajo, con esas vacaciones navideñas que empiezan en los Santos Inocentes y acaban por San Blas. Eso no se toca, quizás sea por prescripción médica. Hubo un cambio muy importante en los planteamientos de Podemos, desde el lejano 2014, cuando la línea política del partido pasaba por atacar a la casta. El pasado mes de marzo, en la tercera Asamblea de los ‘podemistas’, se dejó de tomar el salario mínimo como referencia y se adoptó un sistema más complejo y menos transparente. La propuesta realizada en la JGP responde a una doctrina ya superada por Pablo Iglesias.

Sin embargo, me parece acertada la iniciativa de Daniel Ripa de rebajar un 30% la asignación a los grupos políticos. En los últimos años, la cuestión de los asesores y el personal de apoyo se han multiplicado en la política española. En algunas instituciones ya se contratan asesores para aconsejar a los asesores. Hay que pinchar esa burbuja para que no siga creciendo.

Todo lo anterior entra dentro del terreno de la política de gestos. Los diputados son personajes públicos y su sueldo no debe ser motivo de escándalo. El Parlamento gana respetabilidad social envuelto en austeridad. Los gestos de los políticos son importantes porque tienen una carga simbólica. Ahora bien, si se quiere contribuir a la justicia y al progreso; si se quiere contar con un fondo para compensar a los trabajadores de la hostelería y el comercio, tienen los diputados delante de sí los 105 millones de euros gastados en implantar las 35 horas semanales en la función pública. Un lujo para un mercado de trabajo destrozado por la pandemia.