NOVEDADES INQUIETANTES
En las últimas semanas el Gobierno de coalición propuso una serie de cambios audaces que afectan a instituciones, normas, o a la ordenación de la convivencia. Son novedades de naturaleza dispar, pero tienen como elemento común reforzar las posiciones del Gobierno en el medio y largo plazo.
Una de las más recientes fue el anuncio de la creación de una Comisión Permanente contra la Desinformación, con la disculpa de que le preocupan las noticias falsas. Para eso someterá a permanente chequeo todo lo que se publica, y los ‘fontaneros’ de Pedro Sánchez –Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver– dirán qué noticias son ciertas y cuáles son falsas.
Crear un organismo o ente para decir qué noticia u opinión es buena o mala es un objetivo que no casa con la democracia. El pluralismo es inatacable; lo que a unos les parece una aberración a otros les entusiasma. Cada uno consume lo que quiere, se informa donde quiere, aplaude o rechaza lo que considera oportuno. Y todos nos regimos por la ley de la mayoría al otorgar el poder en las instituciones.
La verdad
Si el proyecto, en sí, no es defendible, no digamos ya si la decisión sobre lo cierto o lo falso queda en manos de Redondo y Oliver, piezas clave del Gobierno. De un Gobierno que inventó una comisión de expertos para dirigir la desescalada, que dejó para después del 8 de marzo las malas noticias sobre la pandemia, que negó la validez de las mascarillas hasta que se pudieron comprar en el mercado, que pretendía quedarse con el remanente de los ayuntamientos porque la ley, supuestamente, no permitía utilizarlo a los alcaldes, que dice que Europa no permite bajar el IVA de las mascarillas, que no podría dormir si pactaba con Podemos. Un Gobierno que se equivoca cuando cuenta los muertos. En resumen, el Gobierno que más veces esquivó la verdad va a pontificar sobre la credibilidad de las afirmaciones ajenas.
Dentro de los cambios audaces destaca la prórroga durante seis meses del estado de alarma. La Constitución dice que quince días es el «plazo máximo» para declarar el estado de alarma en un territorio, y el Gobierno lo prorroga hasta el 9 de mayo. ¿Y por qué no lo prorroga por un plazo de dos años? Lo más alucinante es que la derecha quedó confundida y cada grupo votó de una manera: Ciudadanos apoyó, Vox votó en contra y el PP se abstuvo.
Es difícil de entender que un decreto que chirría tanto al cotejarlo con la Constitución no tenga el rechazo en bloque de los partidos que se reclaman del constitucionalismo. ¿Qué hubieran dicho Peces-Barba, Fraga, Solé Tura, Cisneros o Pérez Llorca, si en 1978 les anticipan que los estados de alarma en España se podrían prorrogar ‘sine die’?
Castellano
La novedad más irritante es la acontecida con la enmienda transaccional introducida por PSOE-Podemos-ERC (¿el nuevo tripartito tras las elecciones catalanas?) en la reforma educativa, conocida como Ley Celaá, que elimina el castellano como lengua oficial del Estado y le niega la capacidad de ser lengua vehicular en la educación.
Los socialistas aceptaron retirar de la ley la consideración del castellano como lengua oficial del Estado. En el País Vasco, Galicia o Cataluña no se podrá exigir que los alumnos cursen las materias en castellano, porque las únicas lenguas vehiculares en esos territorios son las vernáculas. Que la cuarta lengua más hablada del mundo no tenga el rango de oficial en la tierra donde nació supera todo lo imaginable ¿Qué hubieran dicho Peces-Barba, Fraga, Solé Tura, Cisneros o Pérez-Llorca, si en 1978 les anticipan que dentro de cuarenta y dos años el castellano no sería lengua oficial en España? Otra de las enmiendas introducidas en la Ley Celaá por el tripartito, PSOE-Podemos-ERC, es el libre nombramiento de inspectores de educación. No hay que superar ninguna oposición.
El Gobierno autonómico de turno escoge los inspectores para poder tener un cuerpo adicto y fiel, dispuesto a ejercer un férreo control ideológico y político sobre profesores y maestros. Hasta el presente los inspectores se reclutan por concursooposición, pero ya era hora de empezar a parecernos a China.
Por último, el Ministerio de Hacienda prepara una norma para que los inspectores puedan entrar en los domicilios de personas y empresas sin previo aviso al interesado. Hace un mes el Tribunal Supremo rechazó que se pudiera entrar en los domicilios por «indicios», por afán «prospectivo», por «corazonadas». Estoy convencido de que la norma, con apoyo parlamentario, multiplicará las visitas que se realizan a los domicilios.
Ley a ley
Dejo a un lado la derogación del delito de coacciones para los que presionan a otros compañeros a hacer huelga, porque ya hay suficientes pistas para entender que todas estas medidas, aunque sean impopulares, las suelen tomar gobiernos con mayoría absoluta aplicando el denostado rodillo.
Sin embargo, el Gobierno de coalición está en minoría y depende de complicados equilibrios. Si propicia estos cambios es porque ‘sanchistas’ y ‘podemitas’ piensan en el medio y largo plazo, y comparten la estrategia de ir ley a ley introduciendo un ajuste en el sistema, que pasa por dimensionar la capacidad ejecutiva del Gobierno y reducir el peso de otras instituciones, así como diluir algunos principios y usos que nos acompañaron durante cuarenta años.