LA CULPA ES DE MADRID
Tras la guerra del Gobierno contra Díaz Ayuso, a cuenta de la pandemia, ha estallado la polémica por el acuerdo del Ejecutivo con ERC para terminar con el ‘paraíso fiscal’ de Madrid.
Si hay algo que cambiar en la cesta de impuestos de las autonomías, lo más sensato es abrir la discusión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Y lo más insensato es iniciar los cambios aceptando la reivindicación de un grupo nacionalista sobre las bonificaciones fiscales de una comunidad ajena (Madrid).
Los gobiernos regionales gozan de competencia para subir o bajar los impuestos, así que cualquier imposición en esa materia es un ataque a su autonomía.
Armonizar
Para justificar el previsible cambio normativo, el Gobierno se cubre diciendo que la armonización fiscal es un mandato europeo. Ya es un clásico de este Gobierno el recurso a Europa cuando quieren justificar decisiones arbitrarias. ¿Se acuerdan cuando María Jesús Montero decía que no podían bajar el IVA de las mascarillas porque no lo permitía la UE?
Fijémonos en los dos principales impuestos, IRPF e IVA. Tomando al azar países de la UE nos encontramos con que el tipo máximo del IRPF es del 55,8% en Dinamarca, 43% en Italia, 45% en España, ó 36% en Croacia. Con el IVA ocurre otro tanto: 16% en Alemania, 20% en Francia, 21% en España, 27% en Hungría ¿Dónde está la armonización?
La preocupación europea sobre la diferencia de tributos se centra en el Impuesto de Sociedades, porque las empresas se pueden deslocalizar en función de lo que pagan por sus beneficios.
Esta consideración es de imposible aplicación entre comunidades autónomas, porque el 100% del Impuesto de Sociedades va a las arcas del Estado, con la notable excepción del País Vasco y Navarra, que gestionan ellos el impuesto y se apropian de toda la recaudación.
Ni ERC ni los gobiernos socialistas dicen nada de la excepción vasco-navarra, que sirve para captar empresas de otras regiones dispensando un trato fiscal más favorable.
El acuerdo entre el Gobierno y ERC llega envuelto en el discurso de «garantizar el principio de igualdad y el derecho a disfrutar de niveles mínimos de servicios públicos en todo el territorio».
El actual modelo de financiación posibilita, en principio, que todos los españoles tengamos acceso a ese nivel mínimo de servicios públicos. Ahora bien, hay tanta confusión sobre esta materia que conviene aclarar que la garantía para acceder a un nivel satisfactorio de servicios públicos no proviene de la igualación entre los tipos impositivos de las regiones.
Aunque en Asturias y Madrid se aplicaran los mismos tipos impositivos no recaudarían lo mismo. Asturias, Extremadura, Castilla-León o Galicia quedarían descolgadas si en el modelo de financiación autonómica no hubiera elementos correctores como son los fondos de solidaridad. Esa es la clave. En concreto, el Fondo Estatal de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF). A él acuden todas las regiones, unas para aportar y otras para recibir. ¿Quiénes son los donantes? El 70% de los recursos provienen de Madrid, 24% de Cataluña, 5% Baleares y 1% Cantabria.
Efecto capital
La solidaridad interterritorial descansa fundamentalmente sobre Madrid. Por cierto, fijémonos en un detalle: la economía madrileña representa el 19,2% del PIB español, y la catalana supone el 19,01%. Sin embargo, a la hora de transferir recursos a otras comunidades autónomas Madrid aporta el 180% más que Cataluña.
Para intervenir en el sistema impositivo de Madrid sacan a relucir el llamado ‘efecto capital’. Vaya por delante que toda capitalidad conlleva ventajas, como es la incorporación de un ejército funcionarial de decenas o centenares de miles de empleos bien remunerados. En otros países todavía está más agudizado: París representa el 29% del PIB de Francia.
Cuando hablamos de financiación de comunidades autónomas el efecto capital se diluye. Ya dijimos que no cuenta el Impuestos sobre Sociedades. Lo mismo ocurre con el IVA, donde el tramo autonómico se reparte en función del lugar en que se consume, no de la ubicación de las empresas, da igual que estén en Avilés o en Madrid. En cuanto al IRPF, sí va el 50% a las haciendas autonómicas, pero luego una parte muy importante deriva a los fondos reequilibradores, de tal manera que la financiación neta de Madrid está por debajo de la de otras muchas regiones.
El verdadero rasgo diferencial de Madrid está en lo poco que gasta en servicios públicos, pero eso es problema de ellos, y no parece que le vaya mal a sus gestores a juzgar por los resultados electorales. Entre 2003 y 2019, el gasto público creció un 27% en Madrid, mientras que en Asturias aumentó el 46%, siendo el mayor incremento de todas las comunidades autónomas.
Cupo
Sin embargo, lo que no tiene un pase es el cupo vasco. Se revisó en 2017, con una cuantía de 250 millones por debajo de lo acordado en 2007. Aitor Esteban lloraba de entusiasmo. El coste de las transferencias no se basa en datos técnicos, fue un acuerdo político entre Montoro y Azpiazu.
En el cupo no hay un euro para la solidaridad interterritorial, las competencias que presta el Estado en el País Vasco están devaluadas y el trampantojo del ajuste del IVA lleva a que el Estado dé dinero a las diputaciones vascas. Un escándalo mayúsculo que apoyaron todos los partidos menos Ciudadanos, pero ya se sabe que el malo de la película es Madrid que financia los excesos del resto.