El gasto de personal en el Principado ha aumentado cerca de 400 millones de euros en los últimos ocho años. Como no estamos en un periodo de inflación, sino casi todo lo contrario, toca preguntarse por si hubo mejoras en los servicios que presta la Administración que justifiquen el crecimiento de la factura que pagamos entre todos. Es probable que tal o cual servicio funcionen mejor, pero las quejas o insatisfacciones de ciudadanos y empresas son mayores ahora que entonces. El malestar aumenta en proporción al grado de intensidad en la relación con la Administración. A mayor interacción, mayor insatisfacción. Un ejemplo es el gremio de la construcción que considera uno de los principales hándicap –sino el principal– para el desarrollo de su actividad los procedimientos y pautas que sigue el Principado. Con el transcurso de los años la Administración regional se ha hecho más cara y tortuosa.

En conversaciones privadas, políticos y funcionarios suelen sacar a colación el ‘caso Renedo’; al parecer supuso un punto de inflexión en los métodos de trabajo. El alto funcionariado prefiere caminar con pies de plomo, evitar riesgos, comprobar cada uno de los pasos y todo ello redunda en el tiempo de tramitación. La actividad económica va a una velocidad y el trabajo funcionarial a otra. Lo cierto es que los contribuyentes ven a la Administración cada día más como una barrera. Un obstáculo cada vez más caro.

El Principado anunció hace unos meses una reforma profunda de la Administración para adaptarla a las exigencias le siglo XXI y hacerla sostenible. Adrián Barbón encargó ese cometido al vicepresidente Juan Cofiño. Luego se habló de que sobraba gente en unos sitios y faltaba en otros, sin entrar en especificaciones. Hay 1.800 empleados más que hace ocho años. Entre las grandes empresas no hay precedentes de un crecimiento similar en su plantilla. Sobre todo si se tiene en cuenta que es un aumento para hacer lo mismo que antes a un precio más alto. A más digitalización, más plantilla, un nuevo axioma de la revolución tecnológica. Una de las causas de la elevación de la deuda se debe al incremento de las nóminas. Deuda y salarios públicos, triste destino de nuestros impuestos. La anunciada reforma debería separar al personal de servicios esenciales (sanitarios, enseñantes, etc.) del ejército burocrático. Lo que no se puede pretender es reformar un ente mastodóntico sin incomodar a nadie. En el anterior mandato ya tuvimos una reforma ‘lampedusiana’.