El Rey emérito procedió a una regularización fiscal al reconocer una deuda con Hacienda por valor de 678.393 euros. En la cantidad están incluidos los intereses y recargos. La operación al hacerse, voluntariamente, sin que la Agencia Tributaria ni la Justicia se la hubiesen requerido, le pone al abrigo de cualquier sanción. La regularización fiscal es una oportunidad legal para aquellos contribuyentes que no hubieran incluido determinados conceptos en sus declaraciones. La realiza gente de lo más diversa, desde banqueros hasta Juan Carlos Monedero, que regularizó 425.000 euros cobrados por un trabajo realizado para los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua sobre la creación de una divisa única para América Latina. Es como si me encargan a mí un trabajo sobre los cien millones de agujeros negros que hay en nuestra galaxia.

Los ingresos no declarados tienen que ver con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano, utilizando como testaferro a un coronel del Ejército del Aire, colaborador directo suyo. Algunos familiares del monarca emérito (no Felipe VI y Leticia Ortiz) también se habrían beneficiado de la extrema generosidad del acaudalado mexicano. Al margen de la legalización de los ingresos que no constaban en su declaración, el origen de los fondos utilizados plantea un problema político, porque es del todo inusual, cuando no inquietante, que un empresario extranjero financie actividades privadas (hoteles, viajes, etc.) del Jefe de Estado. ¿Por qué tanta prodigalidad?

En menos de un año, el Rey emérito ha sido noticia por cuatro asuntos: las supuestas comisiones cobradas en la construcción del tren de alta velocidad de Medina a La Meca; la retirada por parte de Felipe VI de la asignación económica que le correspondía en los Presupuestos Generales del Estado al aparecer unas fundaciones en Suiza, vinculadas al Rey emérito, que se nutrían de dinero (65 millones de euros) de Arabia Saudita; el abandono del Palacio de La Zarzuela, donde llevaba residiendo casi sesenta años, y la salida de España; por último, la cuestión de las tarjetas bancarias. En un breve plazo de tiempo el deterioro de su imagen pública es irreversible, tras haber sido durante décadas el personaje mejor valorado en las encuestas. Los enemigos de la Constitución quieren usar torticeramente las andanzas de don Juan Carlos para dañar a Felipe VI. El mejor favor que podría hacer el emérito a la corona es estar lejos del Rey.