El Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, que se repita el juicio por el que fue condenado Arnaldo Otegi, líder de Bildu, a seis años y medio de prisión. Conocida la decisión, Unidas Podemos puso en duda la independencia judicial, el PNV habló de «flagrante cuestionamiento del principio de seguridad jurídica» y Gabriel Rufián (ERC) sentenció: «El golpismo que no muere». Exquisito respeto hacia los magistrados, en el ejercicio de sus funciones, y un perfecto ejemplo de la responsabilidad de la que hacen gala los partidos llamados a «estar en la dirección del Estado», según Pablo Iglesias.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló hace un par de años que se habían vulnerado los derechos de Otegi y el Tribunal Supremo, en consecuencia, anuló la sentencia. Para entonces, el líder de Bildu ya estaba en libertad tras haber pasado seis años y medio en la cárcel. Desde una perspectiva legal el juicio no se celebró. El vicio señalado por el TEDH dejó en papel mojado la vista oral y la sentencia. Ahora bien, las actuaciones presuntamente criminales de Otegi y el resto de condenados tienen que ser juzgadas, ya que todo lo anterior no valió. Si, por ejemplo, en un futuro juicio resultase Otegi merecedor de condenas de seis años y medio de cárcel, o de menos, ya habría cumplido con la Justicia, pero si sufriese una pena superior debería ir a la cárcel. Defender el criterio contrario es dar por bueno que una sentencia dictada sobre bases falsas podría convertirse en firme por la simple fuerza de los hechos.

Para ver hasta qué punto la contestación de los partidos nacionalistas, y de sus aliados, no responde a principios, hagamos una conjetura. Imaginemos que Otegi hubiese sido declarado inocente, y que la impugnación ante el TEDH hubiese derivado en una anulación de la sentencia. Seguro que los nacionalistas y sus socios hubiesen reaccionado de una forma aún más iracunda ante la decisión de repetir el juicio. La decisión del TS es lógica, pero ellos impugnan la lógica.

De la respuesta de los partidos (Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu) que se solidarizan con Otegi y atacan a los jueces, destacaría la de Andoni Ortuzar, presidente del PNV, al decir que la decisión del TS cuestiona el principio de seguridad jurídica. Para este señor la seguridad jurídica es dar por firme una sentencia que se basa en un vicio de nulidad. Me inclino a pensar que para Andoni Ortuzar la sentencia es firme o revisable según beneficie o perjudique a Otegi. La ideología nubla la mente.