El pago de las facturas a los proveedores, por parte del Principado, ha experimentado un cierto retraso, al superar durante algunos meses (septiembre y octubre de 2020) los 30 días preceptivos. Hace una década, la demora de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los pagos crecía de año en año. El Gobierno de Mariano Rajoy afrontó la asignatura pendiente y aprobó un préstamo de 35.000 millones para acabar con los impagos. Nada más llegar el poder, en diciembre de 2011, el Gobierno del PP aprobó un plan de recorte del déficit público, valorado en 36.000 millones, y realizó la mayor subida de impuestos de la democracia; en febrero aprobó la reforma laboral, y en marzo acometió la mayor operación de refinanciación de las administraciones públicas jamás conocida en España con el préstamo de los 35.000 millones citados, que tenía un plazo de devolución de diez años, y dos de carencia, y un interés del 5%. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera los gobiernos autonómicos aceptaron encantados. En la Comisión Nacional de Administración Local, los entes locales también dieron el visto bueno. Podemos sacar dos conclusiones: a partir de la crisis económica de 2008 las administraciones territoriales se financiaban, en una parte no desdeñable, a través de los proveedores, y la deuda global había alcanzado la consideración de cuestión de Estado.

Lo sucedido entonces sirve para entender las dificultades del presente. El Principado sufre tensiones de tesorería al perder ingresos fiscales y verse obligado a asumir más gasto público (sanidad, educación, ayudas a trabajadores autónomos, pequeño comercio, hostelería, ocio, cultura y deporte). El pasado otoño contabilizaba un exceso de gasto de 180 millones y una pérdida de recaudación fiscal de 154 millones. A finales de noviembre pidió un préstamo de 74 millones al Estado para hacer frente a la deuda comercial. La petición se canalizó a través del Fondo de Facilidad Financiera, uno de los artilugios creado por Cristóbal Montoro para que las comunidades autónomas se endeudaran sin agobios, porque el dinero lo entrega el Ministerio de Hacienda sin exigir intereses.

Según Ana Cárcaba, consejera de Hacienda, las carencias de tesorería revelan la infrafinanciación de las comunidades autónomas. En circunstancias excepcionales, como las vividas en 2020, es evidente. El problema estriba en que el Estado también recauda menos y gasta más. Habrá que recortar en unos sitios para gastar en otros.