Como era de prever, el PSOE cerró filas con la derecha (PP, Vox) para evitar la formación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el uso de tarjetas ‘black’ por parte del Rey Emérito y algunos de sus familiares. De haber salido adelante la petición de Unidas Podemos y sus aliados (ERC, Bildu, Compromís, Más País, CUP, BNG), el debate político se centraría durante semanas sobre el origen de los recursos económicos que movilizó don Juan Carlos y la gestión de los mismos. Como Unidas Podemos tiene en su agenda el cuestionamiento de la Corona y la necesidad de someter la institución monárquica a un referéndum, la comisión de investigación le brindaría una ocasión única para tratar de trasladar las presuntas irregularidades económicas y fiscales del Emérito a Felipe VI: de tal palo, tal astilla. Cualquier simplismo sirve para crear el contexto adecuado para que avance el discurso demagógico.

PSOE y PP negocian una ley que adecúe el estatus del Rey a los correlatos de la sociedad española del presente. En concreto, quieren limitar la inviolabilidad del Monarca a los actos que realice como Jefe del Estado. Cualquier actuación de su vida privada dejaría de estar blindada a la acción de la Justicia en el caso de que estuviera tipificada en el Código Penal. El artículo 56.3 de la Constitución dice que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», debido a ello las actuaciones de don Juan Carlos solo son cuestionables a partir de junio de 2014, cuando abdicó. Durante décadas, la interpretación constitucional de la inviolabilidad no causó ningún debate, ya que del Rey Emérito solo se conocía su proceder como Jefe del Estado, pero en cuanto empezaron a aparecer transferencias de dinero, fundaciones en paraísos fiscales relacionadas con él, etcétera, el mantenimiento de la inviolabilidad como burladero ante cualquier sanción judicial empezó a verse como un privilegio que chirría en un sistema democrático. Una cosa son los discutibles aforamientos de los cargos públicos y otro el desvanecimiento de las leyes ante la figura del Monarca.

El alineamiento del PSOE con PP y Vox demuestra hasta qué punto es absurdo que tenga una alianza estratégica con partidos que quieren enterrar ‘el régimen del 78’. En esta cuestión, las culpas están repartidas al 50% entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. La negativa a llegar a un pacto de mínimos sobre la gobernabilidad hace que grupos antisistema tengan, a ratos, en sus manos el timón del Estado.