La Generalitat ha impuesto el aplazamiento de las elecciones catalanas sin entrar en negociación con los partidos de oposición. La tercera ola de la pandemia es la causa del cambio de fechas al alterar la vida cotidiana (imposibilidad de salir del municipio, cierre de la hostelería a las tres y media de la tarde, toque de queda desde las diez de la noche). No se puede decir que sea una disculpa interesada, porque se trata de un argumento de peso. Con más de 7.000 infectados en un día, como ocurrió en Cataluña hace una semana, sería un contrasentido ver a políticos megáfono en mano pidiendo el voto para su partido. La salud está por delante de cualquier otra consideración. Esto no quiere decir que el nuevo calendario resulte igual de oportuno para todos los partidos.

La estrategia del PSC estaba basada en el impacto que causaba la irrupción de Salvador Illa en la campaña, como candidato a presidir la Generalitat. Cuatro meses y medio de espera diluye el efecto sorpresa e Illa pasará a ser un candidato más. No solo eso. Cualquier opinión vertida por el ministro de Sanidad, que sobrepase el simple conteo de contagios, será interpretada como una utilización torticera del cargo para ganar votos. Aún más, si la pandemia deriva en sucesivas olas, mejor vuelven a la casilla de salida y presentan a Iceta. El aplazamiento desbarata su plan inicial hasta tal punto que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, criticó a la Generalitat por «suspender la democracia». ¿Desde cuándo los derechos y libertades de los ciudadanos quedan cercenados por un cambio de fechas motivado en razones objetivas de salud pública? Ese tipo de afirmaciones mejor las reserva para las trampas de Nicolás Maduro. Primero se aferraron a la fecha del 14 de febrero; al no encontrar apoyos, propusieron habilitar el segundo o el tercer domingo de marzo para las urnas, y acabaron impotentes ante la decisión firme de la Generalitat.

En la actualidad, cuatro meses y medio equivalen a toda una legislatura. El corto plazo se llena de interrogantes sobre la pandemia, los fondos europeos, la estabilidad del Gobierno, el crecimiento del paro… En Cataluña, mientras el gran paréntesis abierto con la fuga de Puigdemont no se cierre dando paso a la formación de un gobierno estable que represente a toda la sociedad, no habrá normalidad institucional. El Estado descentralizado es ya suficientemente complejo como para hacer política con un gobierno autonómico ejerciendo de objetor de conciencia.