Cuando Adrián Barbón anunció la reforma de la Administración del Principado, como objetivo de este mandato, asumió un reto de muy difícil cumplimiento al tratarse de un ente público de gran tamaño, dotado de una enorme carga inercial y habitado por 40.000 empleados conscientes de gozar de un estatus superior al de los trabajadores del sector privado. Para reformar o modernizar la Administración hay que modificar ese estatus, y esa es una tarea que nadie se planteó en las cuatro décadas de la etapa autonómica. Rajoy forzó a reformar la estructura de las comunidades autónomas, reduciendo el tamaño del sector público (fundaciones, empresas, organismos autónomos), dejando en manos de los gobiernos regionales la fijación de objetivos y el calendario de las actuaciones. De las 17 comunidades, el Principado fue quien se planteó objetivos más modestos y el más lento en ejecutarlos. El expresidente Javier Fernández no recortó el sector público, sino que lo maquilló. Aprobó tres leyes de racionalización del sector que sirvieron de ropaje a cambios de nombres y fusiones de entes sin reducir plantillas. Un rodeo para no llegar a ningún sitio.

El actual Gobierno socialista tiene en su hoja de ruta la aprobación de la Ley de Empleo Público, en el tercer trimestre del año, y la actualización de la Ley de Función Pública, que data de 1985, para esta primavera. Desde el Ejecutivo aseguran que quieren modernizar la Administración y mejorar la eficiencia, pero que no se plantean la amortización de plazas. Si se quiere, de verdad, mejorar la eficiencia hay que reducir el tamaño de la Administración porque resulta muy costoso para los contribuyentes.

Asturias es la tercera comunidad autónoma en pagar sueldos en relación al presupuesto. Por orden de riqueza no ocupamos el tercer puesto, pero a la hora de contratar gente y mejorar sus retribuciones vamos en vanguardia. El último ejemplo fue el incremento de 105 millones en las nóminas para que ningún funcionario trabajara más de 35 horas a la semana. En vez de ser progresista es profundamente retrógrado que el dinero de los ciudadanos se dedique, prioritariamente, a pagar sueldos de la propia Administración. En la pasada legislatura, todos los partidos participaron en el millonario acuerdo para rebajar la jornada laboral, así que en esta materia no se puede distinguir entre Gobierno y oposición. Mientras no se reduzca el tamaño de la Administración, las tareas de la eficiencia y la modernización quedarán sin resolver.